La postura del Ejecutivo sobre el zarpe del buque Danstar hacia las Islas Malvinas generó una intensa controversia política en el escenario nacional, abriendo fisuras en el oficialismo y poniendo bajo presión a La Moneda ante la aparente ambigüedad de sus definiciones diplomáticas. La situación escaló luego de que el vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas, sugiriera que la empresa a cargo del carguero debería solicitar autorización a Argentina para concretar la travesía, dichos que contrastaron abiertamente con las declaraciones previas del ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez, quien había descartado tal exigencia para la navegación hacia el archipiélago austral.
Este nuevo episodio de desencuentros en la administración central se produce tras los planteamientos del canciller argentino, Pablo Quirno, quien sostuvo públicamente que la embarcación debía requerir el permiso formal de su país para navegar hacia la zona en disputa. La divergencia en los planteamientos de las autoridades chilenas activó de inmediato las reacciones de los parlamentarios, quienes cuestionaron la falta de una línea comunicacional e institucional unificada en materia de política exterior y soberanía, un ámbito históricamente delicado para la diplomacia chilena.
Oficios y emplazamientos parlamentarios al Ejecutivo
Ante el escenario de incertidumbre jurídica, el diputado independiente de Renovación Nacional, Daniel Valenzuela, optó por oficiar formalmente al Ministerio de Relaciones Exteriores. Su objetivo es exigir que la cartera detalle con precisión el régimen jurídico vigente que regula la navegación en la parte oriental del Estrecho de Magallanes y fije una postura clara respecto al caso específico del buque Danstar. El parlamentario emplazó directamente al vocero Gonzalo Arenas a actuar con mayor prudencia y rigor institucional en asuntos de alta sensibilidad internacional.
En la misma línea, el diputado del Partido Republicano, Alejandro Riquelme, salió al paso de las declaraciones gubernamentales para corregir públicamente al portavoz de La Moneda, aseverando que cualquier autorización para atracar en el archipiélago debe gestionarse ante las autoridades británicas, quienes ejercen la administración efectiva de las Islas Malvinas. Las críticas cruzadas reflejan la complejidad de equilibrar las relaciones bilaterales con los países vecinos sin comprometer los intereses estratégicos y comerciales de Chile en la navegación austral.
Reacciones del Gobierno y proyecciones del caso
Consultado nuevamente por la controversia instalada en el debate público, el ministro secretario general de Gobierno, Gonzalo Arenas, evitó profundizar en la polémica y optó por acotar el margen de sus declaraciones, limitándose a señalar que la postura oficial sobre la materia es conducida exclusivamente por la Cancillería. Con esta acotación, el Ejecutivo buscó aplacar los flancos abiertos por sus propias palabras, intentando reconducir el manejo del asunto diplomático hacia los equipos especializados del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Se espera que en los próximos días la Cancillería responda formalmente a los oficios parlamentarios presentados desde el Congreso Nacional, disipando las dudas sobre el marco regulatorio aplicable al tráfico marítimo en la zona austral. Mientras tanto, los partidos políticos anunciaron que mantendrán una fiscalización estricta sobre las directrices que adopte el Gobierno, cautelando que la política exterior chilena se mantenga firme y transparente frente a los requerimientos de los estados vecinos.
















