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Polémica en el Congreso por acuerdo de colaboración firmado entre Ministerio de Ciencia y OpenAI

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Un fuerte debate político y tecnológico ha generado la firma del reciente acuerdo OpenAI Chile, suscrito entre la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, y el CEO de la gigante estadounidense OpenAI, Sam Altman. La iniciativa, que se enmarca dentro del programa global «OpenAI for Countries», busca formalizar la cooperación mutua para explorar la aplicación de modelos de inteligencia artificial dentro de la administración pública nacional. Sin embargo, la falta de difusión pública del texto oficial ha encendido las alarmas en el Congreso, donde legisladores exigen máxima transparencia ante los potenciales riesgos de ciberseguridad y soberanía de la información estatal.

La firma de este convenio se produjo en una fecha compleja, coincidiendo temporalmente con una demanda presentada por la Fiscalía General de California contra OpenAI debido a presuntos fallas de seguridad en el desarrollo de sus sistemas. A nivel local, el anuncio ha coincidido además con las discusiones legislativas para prorrogar la implementación de la nueva Ley de Protección de Datos Personales en Chile, lo que aumenta la susceptibilidad de los expertos y parlamentarios ante cualquier alianza que involucre el tratamiento de datos de la ciudadanía por parte de corporaciones extranjeras de tecnología avanzada.

Transparencia y resguardo de datos en el acuerdo OpenAI Chile

Ante el surgimiento de cuestionamientos, desde el Ministerio de Ciencia explicaron que se trata de un memorándum de entendimiento de carácter no vinculante, el cual no involucra transacciones monetarias ni exclusividad de ningún tipo. La ministra Ximena Lincolao enfatizó que cualquier uso de estas tecnologías se implementará bajo estrictos controles y con supervisión humana constante. La cartera estatal aseguró además que para las capacitaciones de funcionarios públicos y el diseño de planes piloto no se transferirán bases de datos confidenciales ni información sensible de los ciudadanos chilenos, operando de manera aislada de la infraestructura crítica del Estado.

A pesar de las aclaraciones del Ejecutivo, diversos parlamentarios decidieron oficiar formalmente a las autoridades del ministerio. El senador Diego Ibáñez y la diputada Gael Yeomans solicitaron la entrega del documento íntegro junto con sus respectivos anexos técnicos para descartar riesgos asociados al entrenamiento de algoritmos con información nacional. Los legisladores manifestaron su preocupación respecto de las razones por las cuales no se optó por un proceso de licitación pública tradicional y sobre el grado de injerencia que la multinacional tecnológica podría tener en la mesa conjunta que definirá las prioridades estatales.

Proyecciones de la mesa técnica de trabajo

En el marco de la implementación de la iniciativa «OpenAI para Chile», la cartera de Ciencia detalló que se conformará una mesa técnica de trabajo integrada por representantes ministeriales y especialistas de la compañía de software en relación al polémico acuerdo OpenAI Chile. Dicha instancia tendrá la misión de sugerir posibles campos de aplicación y coordinar las actividades de entrenamiento tecnológico para el personal de la administración del Estado. En última instancia, cada proyecto derivado de este acuerdo marco requerirá de una evaluación individual de seguridad y legalidad antes de ser aprobado, garantizando así el resguardo institucional del país.