La destacada periodista cubana Camila Acosta denunció este martes una nueva arremetida de hostigamiento y persecución oficial por parte de la Seguridad del Estado en La Habana, luego de recibir una citación formal para presentarse junto a su esposo, el escritor y exprisionero político Ángel Santiesteban-Prats, bajo la acusación del presunto delito de atentado. La reportera, quien cumple labores para el portal independiente CubaNet y se desempeña como corresponsal del diario español ABC, fue notificada telefónicamente por un oficial de alto rango sobre esta nueva acción judicial que amenaza con privarla de libertad y busca neutralizar el ejercicio del periodismo crítico en la isla caribeña.
Este nuevo episodio de hostigamiento se inserta en un escenario de creciente tensión para la prensa independiente en Cuba, donde figuras de la comunicación como Yoani Sánchez y Adelth Bonne Gamboa también han sufrido arrestos y bloqueos sistemáticos en las últimas semanas. Las organizaciones defensoras de derechos humanos han reiterado su preocupación ante el uso sistemático del aparato penal para acallar voces disidentes, en un contexto donde el régimen endurece su control informativo frente a los escrutinios internacionales y la labor fiscalizadora de los profesionales de la prensa no oficial.
Imputaciones sin sustento y código penal en la mira
De acuerdo con los antecedentes entregados por la propia reportera, la llamada provino del coronel Márquez, jefe de la estación policial de Zapata en La Habana, quien le indicó que tanto ella como Santiesteban-Prats deberán comparecer para ser formalmente instruidos de cargos. Acosta enfatizó que el Código Penal cubano tipifica el delito de atentado con penas de dos a cinco años de prisión para quienes ejerzan violencia o intimidación contra autoridades o sus agentes, requisitos que, según afirma, no se cumplen en su caso y que evidencian la manipulación arbitraria de las normativas legales vigentes para criminalizar el activismo periodístico.
La cronista vinculó directamente esta embestida judicial a las recientes publicaciones e investigaciones visuales difundidas en sus plataformas, donde expuso las identidades y los rostros de los agentes de la policía política involucrados en los procesos represivos contra su entorno familiar. Hace apenas dos semanas, Acosta ya había sufrido una detención arbitraria en la vía pública sin orden judicial, permaneciendo retenida durante ocho horas en una celda de aislamiento, una táctica intimidatoria que precede a las actuales amenazas de encarcelamiento.
Implicancias y proyecciones de la crisis informativa
Ante este panorama de vulnerabilidad institucional, la comunicadora advirtió que el objetivo último de las autoridades es doblegar la resistencia de la prensa independiente y forzar su salida del país. «Quieren apagar toda voz diferente en Cuba, obligarnos al exilio o llevarnos a prisión», aseveró Acosta, subrayando que la represión se intensifica en coyunturas de negociación y reconfiguración política exterior, donde el control férreo de la narrativa oficial resulta fundamental para la cúpula gobernante.
La comunidad periodística internacional y regional continúa monitoreando de cerca la situación procesal de Camila Acosta y Ángel Santiesteban-Prats ante la inminente citación policial. Las alarmas se mantienen encendidas frente al riesgo inminente de medidas cautelares privativas de libertad, lo que consolidaría un nuevo revés para las libertades fundamentales de expresión y el derecho a informar en territorio cubano.
















