Alrededor de 80 mil personas participaron este sábado en la decimonovena edición de la Santiago Parade, Marcha por la Igualdad LGBTIQ+, convocada por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) para protestar contra eventuales retrocesos en derechos y exigir mayores garantías constitucionales y sociales para las diversidades sexuales y de género en el país. La masiva movilización comenzó cerca de las 14.00 horas en Plaza Italia, punto de encuentro donde familias, activistas y manifestantes se congregaron portando banderas del arcoíris y carteles reivindicativos para iniciar un recorrido a lo largo de la Alameda en dirección a Plaza Los Héroes, espacio en el cual se desarrolló un acto cultural en rechazo a la discriminación y la intolerancia.
La marcha estuvo encabezada de manera simbólica por niños, niñas y adolescentes trans, quienes marcharon acompañados activamente por sus familias bajo un fuerte llamado institucional enfocado en la protección integral de sus derechos fundamentales. Desde la testera del movimiento organizador se cuestionaron con dureza las recientes declaraciones emitidas por diversos comentaristas y autoridades públicas que, a juicio de los dirigentes, menoscaban y desconocen abiertamente las identidades de género de los menores de edad. Entre las asistentes destacó el testimonio de Karina, madre de un menor trans de 12 años, quien relevó la urgencia de respaldar los procesos de transición familiar frente a discursos que calificó como lesivos para la dignidad humana.
Demandas legislativas y aumento de denuncias por discriminación
Durante la jornada de protesta pacífica, el debate político se centró en la imperiosa necesidad de avanzar con celeridad en la reforma a la Ley Zamudio, impulsar una legislación penal efectiva que sancione los discursos de odio y establecer con rango legal una asignatura de educación sexual integral en el sistema escolar chileno. En este escenario, la vocera del Movilh, Javiera Zúñiga, expuso antecedentes preocupantes que constatan un incremento del 27% en los casos de discriminación y agresiones contra personas LGBTIQ+ durante el último año, cifras recopiladas por el propio observatorio social de la organización en todo el territorio nacional.
“Han sido promesas y más promesas del Estado, pero no cumple”, sentenció la dirigente ante la multitud reunida, emplazando al Poder Ejecutivo y al Congreso Nacional a asumir compromisos reales con la agenda antidiscriminación. Cabe destacar que al inicio del trayecto también se hicieron presentes figuras del ámbito legislativo, como la diputada Tamara Ramírez, además de representantes diplomáticos de misiones internacionales acreditadas en Chile, entre ellas las embajadas de México, Irlanda, Australia y Canadá, junto a delegados de organizaciones de derechos humanos como Acción Gay, OTD y AHF.
Anuncio de demanda internacional ante la CIDH
Uno de los puntos más álgidos de la jornada se relacionó con el anuncio formal por parte del Movilh respecto a llevar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) si los tribunales nacionales no logran revertir una multa pecuniaria aplicada por el Juzgado de Policía Local de Santiago a raíz de la pasada Marcha del Orgullo. La sanción económica, equivalente a 5 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), fue cursada por supuestos ruidos molestos registrados frente al Palacio de La Moneda durante el desarrollo de la manifestación pública, medida que además incluiría una advertencia de reclusión según denunció la directiva.
Frente a este escenario judicial, la organización confirmó la presentación previa de un recurso de protección con el objetivo de anular la sanción, calificándola como un precedente peligroso para las libertades públicas. “Este es el más grave atentado contra la libertad de expresión de las manifestaciones LGBTIQ+ en Chile. Nunca antes había pasado. Lo decimos con fuerza: no somos un ruido molesto, ninguna manifestación pacífica lo es”, concluyó Zúñiga, advirtiendo que el litigio internacional se activará de inmediato si el sistema de justicia chileno no acoge las apelaciones correspondientes en favor del derecho a la libre expresión.
