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Los modelos jurídicos minería de Chile y Mongolia ofrecen dos enfoques contrastantes para regular el acceso a los recursos minerales, según el análisis del profesor Gastón Fernández Montero publicado en la Revista Minera Crisol el 18 de octubre de 2026.
En Chile, el Código Minero, reformado en 2022, se sustenta en un sistema de concesiones que otorga derechos exclusivos a empresas privadas bajo estrictas obligaciones de inversión y desarrollo. En cambio, Mongolia, cuya legislación minera se consolidó tras la transición democrática de 1990, adopta un modelo de participación estatal mayoritaria, donde el Estado retiene el 70% de la propiedad de los proyectos y regula la distribución de beneficios a través de regalías y fondos de desarrollo local. Ambos marcos buscan equilibrar la atracción de capital extranjero con la protección de intereses nacionales, pero difieren en la distribución del riesgo y la participación comunitaria.
Comparación de los modelos jurídicos minería
Fernández Montero señala que “el modelo chileno privilegia la seguridad jurídica para los inversionistas, pero ha generado críticas por la escasa participación de las comunidades en la toma de decisiones”. Por su parte, el experto subraya que “Mongolia ha logrado una mayor inclusión de la población local mediante fondos de desarrollo, aunque su dependencia del Estado ha limitado la rapidez de los procesos de autorización”. Estas observaciones se basan en datos del Servicio Nacional de Geología y de la Oficina de Minería de Mongolia, que indican una diferencia del 35% en los tiempos promedio de obtención de permisos entre ambos países.
En cifras, Chile cuenta con 1.2 millones de hectáreas bajo concesión minera, mientras que Mongolia dispone de 850 mil hectáreas bajo licencias estatales. Además, la tasa de regalías en Chile se sitúa en el 5% del valor de la producción, frente al 10% que aplica Mongolia, lo que repercute directamente en los ingresos fiscales. El estudio también destaca que la inversión extranjera directa en la minería chilena alcanzó US$4.3 mil millones en 2025, mientras que en Mongolia la cifra fue de US$2.1 mil millones, reflejando la mayor cautela de los inversores ante la intervención estatal.
Proyecciones y desafíos para la industria minera
El análisis concluye que ambos modelos jurídicos minería enfrentarán retos vinculados a la sostenibilidad ambiental y a la demanda de minerales críticos para la transición energética. En Chile, se prevé una reforma que incorporará cláusulas de responsabilidad social y mecanismos de consulta previa más robustos, mientras que Mongolia está evaluando la apertura de un segmento de su legislación a asociaciones público‑privadas para acelerar proyectos de litio y cobre. Estas iniciativas podrían redefinir la competitividad de cada país en el mercado global.
Para las comunidades de la Provincia del Huasco y de la Región de Atacama, los posibles cambios legislativos podrían traducirse en mayores oportunidades de empleo y en la creación de fondos de desarrollo local, similares a los modelos mongoles. Sin embargo, la experiencia chilena advierte sobre la necesidad de equilibrar la atracción de inversión con la protección de los derechos de los pueblos originarios y la preservación de los recursos hídricos. El debate continuará en los próximos meses en el Congreso y en foros internacionales de minería responsable.
