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Los modelos jurídicos minería de Chile y Mongolia se presentan como dos enfoques contrastantes para regular el acceso a los recursos minerales, según el análisis del profesor Gastón Fernández Montero, experto en Derecho Minero. En un artículo publicado el 18 de octubre de 2026, el académico señala que mientras Chile mantiene un régimen de concesiones y royalties centralizados, Mongolia adopta un sistema de licencias de superficie y participación estatal directa.
Este debate surge en un contexto donde la minería sigue siendo la columna vertebral de la economía chilena, aportando más del 10 % del PIB y generando empleo en la zona norte, particularmente en la Región de Atacama y la Provincia del Huasco. En Mongolia, la industria representa cerca del 20 % del PIB, pero su marco legal ha sido objeto de reformas para atraer inversión extranjera y garantizar una mayor distribución de beneficios entre el Estado y las comunidades locales.
Comparación de los modelos jurídicos minería de Chile y Mongolia
«Chile ha desarrollado un sistema de concesiones que otorga derechos exclusivos a empresas privadas, con un royalty estatal que se calcula sobre la producción y el precio del cobre», explicó Fernández Montero. «En contraste, Mongolia permite que el Estado mantenga una participación accionaria en los proyectos, lo que implica una mayor influencia en la gestión y una distribución más directa de los ingresos».
El profesor también destacó cifras clave: en Chile, el royalty promedio para el cobre ronda el 3 % del valor de la producción, mientras que en Mongolia el Estado recibe entre el 10 % y 15 % de los beneficios netos de los proyectos mineros. Además, la normativa mongola exige planes de desarrollo comunitario y compensaciones ambientales más estrictas, lo que, según el autor, podría servir de referencia para futuras reformas chilenas.
Impacto y proyecciones para la minería chilena
El análisis sugiere que la adopción de elementos del modelo mongol, como la participación estatal y mayores exigencias de responsabilidad social, podría fortalecer la legitimidad del sector minero en Chile y mejorar la distribución de la riqueza en regiones como Atacama y Huasco. Sin embargo, Fernández Montero advierte que cualquier cambio debe equilibrar la seguridad jurídica para los inversionistas con la necesidad de mayores beneficios para el país.
En los próximos años, el Gobierno chileno evaluará propuestas de reforma al código minero, considerando la experiencia internacional. La discusión está abierta a parlamentarios, empresas y comunidades locales, que buscarán un modelo que garantice la sostenibilidad económica y ambiental del sector, alineado con los objetivos de desarrollo regional y nacional.
