La Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados condenó la eventual delegación de funciones jurisdiccionales por parte de la ministra de la Corte de Apelados de Valparaíso, Rosa Aguirre, quien habría encargado durante años la elaboración de fallos de sentencia a una abogada externa, a cambio de pagos mensuales. La información fue revelada por La Tercera, que informó que el vínculo informal entre la magistrada y la abogada Damaris Silva se habría extendido por casi dos décadas.
El caso se remonta a más de diez años de relación en la que la ministra habría realizado transferencias mensuales por $300 mil a la profesional. Los antecedentes derivaron en una demanda laboral presentada en Santiago, que terminó con un acuerdo económico confidencial entre ambas partes. La magnitud del presunto delito —la extracción de jurisdicción judicial por parte de una autoridad— genera un impacto directo en la confianza ciudadana en la administración de justicia, aspecto que la propia presidenta de la Asociación, Mariela Hernández, advirtió en su declaración pública.
La Asociación exige investigación y advierte sobre vulneración de la función judicial
Mariela Hernández sostuvo que los hechos deben ser investigados mediante un procedimiento que garantice el debido proceso y evitó emitir un juicio definitivo mientras no se esclarezcan las responsabilidades. Sin embargo, advirtió que, de confirmarse los antecedentes, se trataría de una vulneración gravísima de la función jurisdiccional, considerando que la elaboración y resolución de las sentencias corresponde exclusivamente a los jueces y no puede ser delegada en terceros ajenos a los tribunales.
En tanto, Aldo Fendez, abogado laboral, indicó que lo importante es revisar cómo se desarrolló realmente la prestación de servicios, más allá de lo que las partes hayan establecido en documentos o acuerdos. Hernández agregó que este tipo de situaciones compromete la confianza de la ciudadanía en la administración de justicia y llamó a esclarecer los hechos a la brevedad, señalando que si se confirman, la asociación los condenará directamente.
Contexto institucional y antecedentes territoriales
La Corte de Apelaciones de Valparaíso es una de las instituciones judiciales de mayor relevancia en la Región de Valparaíso, y su ministra titular representa una de las figuras de más alto rango dentro del Poder Judicial chileno. La existencia de mecanismos de externalización de labores judiciales no es ajeno al debate público en Chile, donde la eficiencia y la modernización del sistema penal han generado propuestas que incluyen la colaboración con profesionales externos en el diseño de resoluciones. No obstante, la extracción formal de jurisdicción —es decir, la entrega de competencia judicial a una persona no togada— constituye una infracción flagrante de las normas que regulan el ejercicio independiente del fuero judicial, las cuales establecen que la sentencia es un acto exclusivo del juez y no puede ser objeto de delegación.
El caso adquiere especial relieve en el contexto de una sociedad que históricamente ha valorado la imparcialidad judicial como eje fundamental de su institucionalidad. La Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados, organismo que nuclea a los integrantes del Poder Judicial, posee la atribución de velar por el respeto de las normas que reglan la función jurisdiccional y, en este caso, ha utilizado su condena pública como instrumento de defensa de la integridad institucional. Para la comunidad chilena, la confirmación de estos antecedentes representaría un golpe de reputación que podría generar profundas consecuencias en la percepción de la justicia y en la confianza ciudadana en sus instituciones.
- Condena pública de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados
- Demanda laboral en Santiago con acuerdo confidencial
- Transferencias mensuales de $300 mil por más de diez años
- Vínculo informal extendido por casi dos décadas
Proyecciones y próximas etapas
A la luz de los antecedentes publicados por La Tercera, es previsible que la instancia judicial más alta del país impulse una serie de acciones de investigación interna y de coordinación con organismos como el Consejo Nacional de la Magistratura y el Poder Ejecutivo para determinar el alcance real de los hechos. Asimismo, la comunidad judicial chilena podría ver incrementada la presión social y sindical para que se avance con la debida diligencia en la esclarecencia de las responsabilidades. En este sentido, la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados ha dejado claro que su postura será firme y contundente si los hechos se confirman, lo quepondrá énfasis en la necesidad de un proceso transparente que proteja tanto los intereses de las partes involucradas como los del interés público constitucional.
Para el medio periodístico, este caso representa una de las revelaciones más relevantes del mes en materia de integridad judicial en Chile, y su desarrollo determinará, en gran medida, el rumbo de las discusiones públicas sobre la independencia del fuero y la ética en el ejercicio de la función jurisdiccional en el país. La magnitud del escándalo —que involucra a una autoridad de primer rango del Poder Judicial— hace que su evolución sea de vital importancia para la opinión pública y para las instituciones que nuclean la función judicial en Chile.
