Una nueva controversia política y jurídica remece al gabinete nacional luego de revelarse la firma de un decreto de rebaja de condena que benefició a un reo con un amplio prontuario delictual en el interior de la región de Valparaíso. Pese a los anuncios públicos emitidos por las autoridades de la cartera respecto a la suspensión de este tipo de prerrogativas, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, estampó su rúbrica el pasado 5 de noviembre para otorgar una reducción de diez meses en la pena efectiva de Peter Andrés Rojas Gallardo, condenado originalmente a cinco años de presidio por el homicidio simple de un adulto mayor perpetrado en el año 2022.
El caso ha generado intensas reacciones en el ámbito político nacional, reactivando los cuestionamientos hacia la administración de beneficios penitenciarios en momentos en que el Ejecutivo atraviesa por turbulencias institucionales. El condenado, de 40 años, cumplía una sentencia por un crimen particularmente grave, en el cual la víctima fatal fue un hombre de 83 años que le brindaba refugio y alimentación en su propio domicilio, y quien terminó siendo golpeado y asfixiado por quien consideraba su amigo. Con la modificación decretada, su salida proyectada para agosto de 2027 fue adelantada formalmente para octubre de 2026.
Controversia institucional por firmas y aplicación de la Ley 19.856
El documento oficial, clasificado como reservado bajo el título de «Otorga beneficio de reducción de condena», cuenta además con la firma de la flamante subsecretaria de Justicia, Josefina Soto Larreátegui, quien asumió el cargo apenas seis días antes tras la salida de su predecesor en el marco de la crisis desatada por rebajas anteriores. Desde el interior del Ejecutivo se ha argumentado que la cartera ministerial se encuentra jurídicamente obligada a conceder este tipo de rebajas cuando se acreditan los requisitos legales y que la suspensión anunciada previamente por el ministro Rabat aplicaba de forma exclusiva a delitos de índole sexual cometidos en contra de menores de edad.
Para respaldar la decisión administrativa, la cartera recurrió a los preceptos estipulados en la Ley 19.856, normativa que faculta la disminución del tiempo de reclusión a aquellos internos que logren demostrar una conducta calificada como sobresaliente durante su reclusión. Según consigna el decreto suscrito por orden del Presidente de la República, la respectiva Secretaría Regional Ministerial de Justicia de Valparaíso certificó formalmente que el recluso cumplía con los parámetros exigidos por la legislación vigente, enfatizando que el ministerio carece de atribuciones reglamentarias para denegar el beneficio en función de la gravedad intrínseca del delito cometido o el bien jurídico protegido.
Implicancias políticas y cuestionamientos a los criterios de ejecución penal
La promulgación de este nuevo beneficio carcelario ocurre en un escenario sumamente complejo para el Gobierno, marcado por presiones parlamentarias y la amenaza latente de acusaciones constitucionales en contra de las altas autoridades del ramo. La persistencia en la tramitación y firma de estos decretos, aun después de que se comunicara públicamente un freno a los mismos, abre un flanco de debate sobre la coherencia en la aplicación de las políticas de ejecución de penas y la transparencia en la entrega de prerrogativas a individuos con historiales delictuales de alta gravedad.
Mientras las agrupaciones políticas y diversos sectores legislativos evalúan los pasos a seguir frente a esta nueva arista del escándalo, el Ministerio de Justicia enfrenta el desafío de clarificar los márgenes normativos que obligan a ejecutar estas rebajas. La polémica pone nuevamente sobre la mesa la necesidad de revisar los vacíos legales de la normativa de conducta sobresaliente, a fin de evitar que decisiones administrativas de esta naturaleza colisionen con las expectativas ciudadanas de justicia y seguridad pública en el país.
