La continuidad de Catalina Campos Valdivia como subdirectora subrogante en la Dirección del Trabajo (DT), pese a su activa militancia en el Partido Socialista (PS), se ha transformado en foco de debate político al interior del oficialismo a ocho meses de iniciado el mandato del Presidente José Antonio Kast. Su permanencia en este puesto estratégico del Estado, dependiente del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, ha abierto cuestionamientos sobre los nombramientos de confianza y la gestión de cargos técnicos en las reparticiones públicas del país.
El caso de Campos se inserta en un escenario donde la llegada del nuevo Gobierno implicó la reestructuración de plazas internas en ministerios y servicios derivados, priorizando a colaboradores de los partidos que respaldaron la candidatura presidencial. Mientras la titularidad de la DT fue asumida por David Oddó, nombrado mediante una de las denominadas «balas de plata» del Mandatario, la continuidad de Campos en la subdirección ha llamado la atención debido a su trayectoria y su vínculo político con la oposición, habiendo ejercido como directora regional Metropolitana Poniente durante la administración anterior.
El concurso de Alta Dirección Pública y la permanencia en el cargo
La permanencia de la funcionaria socialista en el organismo fiscalizador se prolongó luego de que el concurso público convocado a inicios del actual período gubernamental a través del sistema de Alta Dirección Pública (ADP), destinado a proveer la subdirección nacional de la DT de manera definitiva, fuera declarado desierto a finales de octubre. Desde su nombramiento por decreto en marzo pasado, Campos ha debido compatibilizar sus responsabilidades técnicas con las aprensiones manifestadas por sectores del oficialismo, quienes cuestionan que su filiación partidaria y su historial político previo no hayan motivado su remoción de un servicio de alta sensibilidad laboral.
De acuerdo con los registros de Transparencia Activa, la profesional ingresó a la institución en 2018 y escaló posiciones de manera sostenida durante sucesivos gobiernos hasta alcanzar la subrogancia actual. Según los datos oficiales publicados por el servicio, su remuneración bruta registrada en el mes de octubre alcanzó los $5.414.488, cifra que ascendió a $11.371.681 en septiembre debido a la percepción de bonos por desempeño institucional correspondientes al período.
Implicancias políticas y presencia transversal en el aparato estatal
Voces al interior de las colectividades que apoyan al Ejecutivo han expresado reparos ante la decisión de mantenerla en funciones, argumentando la contradicción que representa conservar a un cuadro político de oposición en un puesto de alta jerarquía. El episodio pone de relieve los desafíos institucionales que enfrentan las administraciones al momento de articular equipos de confianza política en reparticiones técnicas altamente sindicalizadas y con dotaciones de larga data.
Este caso se suma a otros registros conocidos en distintas reparticiones del aparato estatal centralizado, donde figuras vinculadas al Partido Socialista continúan desempeñando labores en ministerios clave como el de Seguridad y en servicios descentralizados como el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) Metropolitano. Mientras las colectividades oficialistas evalúan el impacto de estos nombramientos transversales, la Dirección del Trabajo continúa operando bajo su actual estructura directiva a la espera de futuras definiciones administrativas sobre la provisión definitiva del cargo.
















