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Greenpeace celebró el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, que confirma la necesidad de evaluar ambientalmente las micro-relocalizaciones de centros salmoneros en la Patagonia. Según Roxana Núñez, abogada de Greenpeace, esta decisión representa una victoria crucial para la protección de los océanos y las áreas protegidas de la Patagonia.
Núñez explicó que la norma que pretendía debilitar la protección marina no pudo avanzar gracias a una defensa exitosa. El Tribunal Constitucional confirmó que una distancia de hasta 350 metros no puede ser utilizada como criterio para presumir que un nuevo emplazamiento no tendrá impactos ambientales. Esto es especialmente relevante en los fiordos y canales de la Patagonia, donde las condiciones ambientales pueden variar significativamente.
Además, la resolución del tribunal aborda otros aspectos relevantes para la institucionalidad ambiental, declarando inconstitucional la norma que pretendía establecer indemnizaciones cuando un permiso ambiental fuera anulado por la justicia. Esta medida, según Greenpeace, puede debilitar la capacidad de los tribunales para controlar la legalidad de las autorizaciones ambientales y generar incentivos para mantener permisos vigentes que posteriormente fueran considerados ilegales.
Núñez destacó que la resolución del tribunal entrega una señal muy potente y puede marcar un precedente fundamental frente a los retrocesos ambientales. La protección del medio ambiente no puede ser sacrificada simplemente para acelerar inversiones.
Imagen de la cobertura (greenpeace.org)
