El conflicto por el precio de los combustibles en Chile dio un giro decisivo tras el anuncio de un acuerdo histórico entre el gobierno del Presidente José Antonio Kast y las principales organizaciones gremiales del transporte de carga. La rebaja de diésel pactada asciende a $142 por litro, una cifra que se materializará a partir de la próxima semana mediante la anulación del alza de $42 aplicada recientemente y una reducción adicional de $100 negociada en La Moneda. Este entendimiento establece un techo para el precio del combustible que permanecerá vigente hasta el 31 de marzo de 2027, buscando estabilizar el mercado y ofrecer previsibilidad a las empresas del sector.
La negociación, liderada por la Confederación Nacional del Transporte de Carga (CNTC), la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC) y ChileTransporte, se llevó a cabo con los ministros del Interior, Claudio Alvarado, y de Hacienda, Jorge Quiroz. El contexto de esta medida es crítico para el sector, que ha enfrentado sucesivas alzas en el precio del diésel desde el «bencinazo» de marzo, situación que ha afectado gravemente la rentabilidad de los pequeños y medianos transportistas, muchos de los cuales han visto comprometida su capacidad operativa y su fuente de ingresos.
Detalles del acuerdo y recuperación de impuestos
Además del congelamiento de precios, el acuerdo contempla una actualización significativa en los porcentajes de recuperación del impuesto específico al petróleo diésel, beneficio que se extenderá hasta diciembre de 2027. Según detalló la CNTC, las empresas con ingresos anuales de hasta 6.000 UF podrán recuperar el 90% del impuesto, mientras que aquellas con facturación entre 6.000 y 20.000 UF accederán a un reintegro del 65%. Las empresas con ingresos superiores a 20.000 UF podrán recuperar el 50%. Asimismo, se incorporó un mecanismo para eliminar el impacto del impuesto negativo sobre el reintegro por efecto de la aplicación del Mepco, y se comprometió impulsar con suma urgencia un proyecto de ley que establezca el pago por tiempos de espera en puntos de carga y descarga.
Juan Araya, presidente de la CNDC, evaluó positivamente el entendimiento, señalando que «siempre el foco nuestro ha estado en defender al pequeño camionero, que desde el bencinazo de marzo se ha ido quedando sin trabajo y con la angustia de no poder operar por las sucesivas alzas del diésel». La CNTC añadió que buscan que «nuestros camiones dejen de ser utilizados como bodegas y que los transportistas reciban una compensación por estas demoras», destacando la importancia de estas medidas para la sostenibilidad del sector logístico nacional.
Impacto en el paro y proyecciones del sector
Pese al acuerdo alcanzado con las grandes confederaciones, otros grupos que participan en las movilizaciones, como el movimiento No + Tag, motociclistas y asociaciones de buses interurbanos, han descartado deponer las protestas. Andrés Alarcón, líder de No + Tag, cuestionó que el Ejecutivo negociara con organizaciones que no participan del paro, afirmando que «Santiago va a seguir paralizado» y que el gobierno no está ofreciendo soluciones a sus demandas específicas. El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, advirtió que la incorporación de nuevas exigencias dificulta la consecución de acuerdos, aunque el gobierno mantiene la puerta abierta al diálogo.
El Ejecutivo enviará un proyecto de ley con carácter de discusión inmediata para concretar la medida, lo que permitirá una tramitación acelerada en el Congreso. Este acuerdo marca un hito en la relación entre el Estado y el sector del transporte de carga, buscando equilibrar las necesidades fiscales del país con la viabilidad económica de los transportistas. La implementación de estas medidas podría sentar un precedente para futuras negociaciones en el sector, aunque la persistencia de otros gremios en el paro indica que el conflicto social en torno a los combustibles aún no ha concluido por completo.
















