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Gobierno decreta emergencia preventiva en Atacama y Coquimbo por riesgo de crecidas cordilleranas

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Ante el evidente riesgo de crecidas y desbordes derivados del deshielo cordillerano, el Gobierno central decretó la emergencia preventiva en Atacama y en la vecina Región de Coquimbo, una medida de carácter excepcional que se extenderá de manera ininterrumpida hasta el próximo 31 de enero de 2027. La disposición busca anticiparse a los escenarios de riesgo asociados al periodo estival, blindando los sistemas de alerta temprana y la capacidad de respuesta operativa en los territorios más vulnerables de la macrozona norte del país.

Esta decisión gubernamental se fundamenta en rigurosos informes técnicos elaborados por los organismos competentes, los cuales advierten sobre una disminución acelerada y anómala de la nieve acumulada en los cordones cordilleranos, además de incrementos sostenidos en los caudales de los principales ríos y quebradas. Cabe destacar que ambas regiones han soportado durante el año los embates de sucesivos sistemas frontales y eventos meteorológicos vinculados históricamente al fenómeno climático de El Niño, dejando a las comunidades locales con una alta vulnerabilidad ante nuevas contingencias hídricas.

Reforzamiento del monitoreo y despliegue técnico

Al respecto, las autoridades del nivel central detallaron los alcances operativos de la resolución administrativa. “De cara a la temporada estival, estamos reforzando nuestras capacidades de preparación y respuesta”, señaló el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, al recalcar la urgencia de mantener una vigilancia permanente sobre los afluentes que descienden desde la cordillera de los Andes hacia los valles transversales y sectores poblados.

En la misma línea, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), en estrecha coordinación técnica con la Dirección General de Aguas (DGA) y los diversos organismos públicos regionales y provinciales, intensificará la fiscalización y el seguimiento continuo de los cauces. El objetivo primordial es mitigar el impacto potencial que las crecidas repentinas pudieran ocasionar sobre la infraestructura crítica, los caminos rurales, la conectividad vial, los servicios básicos esenciales y las viviendas de las familias asentadas en zonas de riesgo.

Implicancias para la infraestructura y seguridad comunitaria

La implementación de esta emergencia preventiva otorga facultades extraordinarias de coordinación y agilización de recursos técnicos y logísticos para los gobiernos regionales y los municipios de la Provincia del Huasco, Copiapó y Coquimbo. Las coordinaciones locales contemplan la revisión periódica de defensas fluviales, la habilitación de rutas alternativas en caso de cortes de caminos y la activación oportuna de protocolos de evacuación temprana si las condiciones meteorológicas e hidrológicas así lo ameritan.

Con este decreto, el Ejecutivo busca dotar a los servicios públicos de herramientas jurídicas y operativas más eficientes para resguardar la seguridad de la ciudadanía. Las instituciones llamadas a intervenir mantendrán un monitoreo ininterrumpido durante los meses estivales, periodo crítico en el que el ciclo de deshielos alcanza sus máximas expresiones debido a las altas temperaturas características de la época estival en el norte chileno.