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El presupuesto seguridad minera recibió un incremento anunciado esta semana por el Gobierno de Chile, luego de que 13 mineros perdieran la vida en accidentes ocurridos en lo que va del 2026. La medida fue acordada en un encuentro del ministro de Economía y Minería, Daniel Mas, con representantes de trabajadores, empresas y mutualidades, y busca reforzar la fiscalización y la prevención en todo el territorio minero nacional.
Los siniestros mortales que marcaron el año, siete de los cuales se registraron desde el 23 de septiembre, superan las 11 víctimas fatales registradas en 2024, lo que evidencia una tendencia al alza que preocupa a autoridades y a la sociedad. La minería, que aporta alrededor del 13 % del PIB chileno, es un pilar exportador y su seguridad se ha convertido en prioridad estratégica para el Estado, que ahora destina recursos adicionales para evitar nuevas tragedias.
Detalles del nuevo presupuesto seguridad minera
Según declaró el ministro Daniel Mas, los fondos adicionales financiarán la contratación de más fiscalizadores, la adquisición de nueva tecnología preventiva y la expansión de equipos de inspección que permitan una cobertura territorial más amplia. El Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) será el organismo encargado de gestionar estos recursos y de supervisar su correcta aplicación.
El Sernageomin anunció también el relanzamiento de las 21 reglas de seguridad minera, con énfasis en la responsabilidad empresarial. En caso de incumplimiento, se aplicarán sanciones que van desde multas hasta el cierre temporal o definitivo de operaciones, según la gravedad de la infracción. Estas medidas pretenden crear un marco más estricto que obligue a las compañías a adoptar prácticas de prevención más rigurosas.
Impacto y proyecciones del refuerzo de seguridad
El aumento del presupuesto seguridad minera se traduce en una expectativa de reducción de accidentes laborales en los próximos años, especialmente en regiones con alta actividad extractiva como Antofagasta y Atacama. Las comunidades mineras esperan que la mayor presencia de fiscalizadores y la implementación de tecnologías de monitoreo, como sensores de gases y sistemas de alerta temprana, disminuyan la exposición a riesgos.
El Gobierno ha establecido un seguimiento trimestral del uso de los recursos y de los indicadores de seguridad, con la intención de publicar informes públicos que permitan evaluar la efectividad de la política. Si bien la medida representa una inversión significativa, las autoridades consideran que el costo social de los accidentes supera ampliamente el gasto adicional, y confían en que la combinación de fiscalización reforzada y sanciones más severas contribuirá a salvar vidas y a preservar la reputación internacional de la minería chilena.
