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El Gobierno chileno anunció una serie de medidas de seguridad minera y un incremento sustancial en las fiscalizaciones tras registrarse un total de 13 trabajadores fallecidos en faenas durante el presente año. La sucesión de accidentes fatales, que incluye cuatro decesos concentrados en apenas tres días del mes de octubre —entre ellos dos contratistas afectados por un alud en la División El Teniente de Codelco—, volvió a poner bajo estricto examen los sistemas de prevención en la principal industria de Sudamérica, motivando una respuesta directa desde el nivel central con la participación de diversos actores del sector.
Esta compleja situación socioindustrial pone de relieve la vulnerabilidad en las operaciones de alta montaña y la necesidad imperiosa de revisar los protocolos en toda la cadena productiva, abarcando tanto a las compañías titulares como a las numerosas empresas contratistas que operan en el territorio nacional. Históricamente, la minería chilena ha enfrentado desafíos críticos en materia de seguridad laboral, donde cada evento fatal moviliza debates profundos sobre las responsabilidades compartidas entre el Estado fiscalizador y las corporaciones que administran directamente los riesgos operacionales en faena.
Nuevas metas de Sernageomin y presupuesto para 2027
En respuesta a esta crisis, el 16 de octubre el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, anunció un incremento sustancial del presupuesto de seguridad minera de Sernageomin de cara al año 2027. Esta decisión gubernamental surgió tras el trabajo de una mesa transversal integrada por trabajadores, compañías, asociaciones gremiales y organismos públicos, fijando como meta institucional elevar las fiscalizaciones hasta las 13.000 anuales al cierre de 2027, lo que representa un aumento del 30% en comparación con 2026, buscando además ampliar la cobertura al 50% del universo de faenas mineras del país.
El plan contempla la inyección de recursos para financiar nuevos equipos, tecnología preventiva y una mayor presencia territorial de los inspectores. Asimismo, Sernageomin impulsó la pronta reactivación de comités regionales, revisiones exhaustivas de riesgos y barreras críticas al inicio de cada turno, además de inspecciones no programadas y facultades de paralización preventiva ante peligros inminentes. Pese a estas definiciones estatales, gremios como el Consejo Minero y la propia Codelco han debido enfrentar cuestionamientos respecto a la visibilidad y profundidad de sus planes extraordinarios sectoriales propios con responsables, presupuestos e hitos verificables.
Proyecciones y desafíos en la cadena de contratistas
Las autoridades han enfatizado que la seguridad laboral no depende de forma exclusiva del accionar del Estado, por lo que es imperativo que las compañías mineras y sus redes de contratistas asuman un rol protagónico y permanente. El accidente ocurrido en El Teniente evidenció con crudeza la complejidad de la gestión de contratistas, dado que los trabajadores fallecidos pertenecían a una firma subcontratista que prestaba servicios a otra empresa externa, demostrando que la prevención debe cubrir de manera transversal toda la estructura operacional y no limitarse únicamente a la dotación de planta.
De cara al futuro, el sector minero chileno enfrenta el desafío ineludible de demostrar resultados concretos en la disminución de la accidentabilidad antes de que ocurran nuevas tragedias. Las mayores cifras de inspección oficial deben complementarse con una cultura interna de autorregulación, donde la identificación oportuna de riesgos críticos y la detención inmediata de tareas inseguras garanticen la integridad física de miles de operarios tanto en la gran minería del cobre como en las faenas de medianas y menores proporciones a lo largo del país.
