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El gobierno chileno anunció un aumento del presupuesto seguridad minera para reforzar la fiscalización, incorporar nueva tecnología preventiva y ampliar el despliegue de equipos, tras los 13 fallecidos en accidentes mineros registrados en lo que va de 2026.
La medida se tomó en una reunión del ministro de Economía y Minería, Daniel Mas, con representantes de trabajadores, empresas y mutualidades, en la que se subrayó la necesidad de responder a la escalada de incidentes mortales que ya supera las cifras de 2024. Según el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), la inversión se destinará a contratar más fiscalizadores, adquirir sistemas de monitoreo en tiempo real y dotar a las unidades de inspección de equipos de última generación, con el objetivo de reducir la brecha entre la normativa y su aplicación en terreno.
Presupuesto seguridad minera: nuevas medidas
En palabras del propio Daniel Mas, “este aumento presupuestario es una respuesta directa a la tragedia que ha cobrado 13 vidas y a la exigencia de la sociedad de que la minería sea un sector seguro y responsable”. El ministro añadió que se asignarán US$120 millones adicionales para el año fiscal 2027, una cifra que, según el Ministerio de Minería, representa un 35 % más que el presupuesto destinado al mismo fin en 2025.
El Sernageomin, por su parte, anunció el relanzamiento de las 21 reglas de seguridad minera, con énfasis en la responsabilidad empresarial y la aplicación de sanciones que pueden incluir multas significativas e incluso el cierre temporal de faenas. “No basta con tener normas; deben ser cumplidas y vigiladas con rigor”, señaló el director del organismo, Juan Pérez, quien también destacó la incorporación de drones y sensores de gases como herramientas clave para prevenir accidentes en zonas de difícil acceso.
Impacto y proyecciones
Los expertos en seguridad laboral estiman que la ampliación del presupuesto seguridad minera podría reducir los índices de mortalidad en un 20 % durante los próximos tres años, siempre que se mantenga la coordinación entre fiscalizadores y empresas. Además, la inversión en tecnología preventiva se espera que genere alrededor de 250 puestos de trabajo directos en la región, principalmente en la zona norte del país, donde se concentran la mayor parte de las faenas.
El anuncio llega en un momento crítico para la industria, que aporta cerca del 13 % del PIB nacional y es uno de los principales motores de exportación. Las autoridades reiteraron que el seguimiento de los recursos será público y que se establecerán indicadores trimestrales para evaluar la efectividad de las nuevas medidas. Con la expectativa de que las 21 normas revisadas entren en vigor a mediados de 2027, el sector minero chileno busca recuperar la confianza de la ciudadanía y garantizar que la seguridad de los trabajadores sea una prioridad inquebrantable.
