Puedes cambiar la voz (gratis). Primero lee el título y luego la noticia.
La preparación de juicio oral contra la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, fracasó nuevamente este lunes, marcando un segundo tropiezo judicial en menos de dos semanas. El proceso se vio interrumpido tras la autoinhabilitación del juez de garantía Hugo Torres, quien aceptó la causal de implicancia invocada por la Defensoría Penal Pública. Esta situación prolonga la incertidumbre en un caso de alta complejidad que involucra presuntos delitos de fraude al fisco y malversación de caudales públicos, y que ahora deberá ser asumido por una nueva magistrada para continuar con su tramitación.
El antecedente es relevante dado que, apenas 12 días antes, la audiencia también se suspendió debido a la inhabilitación del juez Carlos Silva. En aquella ocasión, la recusación se fundamentó en la cercanía personal y profesional del magistrado con los abogados Cristóbal Bonacic y José Miguel Barahona, quienes representan a Joaquín Lavín León, esposo de Barriga, en una indagatoria paralela por corrupción. Silva reconoció una amistad de 15 años con Barahona y que ambos lo representaron en causas particulares, lo que comprometía su imparcialidad en la vista previa al juicio oral.
Detalles de la inhabilitación y el rol de las partes
En la sesión de este lunes, la Defensoría Penal Pública solicitó la recusación del juez Hugo Torres argumentando que este había mencionado a la exalcaldesa en al menos 20 ocasiones dentro de resoluciones previas. Específicamente, se citaron un pronunciamiento sobre la legitimación activa de la Municipalidad de Maipú y una sentencia condenatoria a cuatro imputados en procedimientos abreviados. Aunque la Fiscalía, la Municipalidad de Maipú y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se opusieron a la petición, el magistrado decidió acogerla y declararse inhabilitado, garantizando así la percepción de imparcialidad que exige el debido proceso.
La complejidad del caso radica en la intersección de intereses y relaciones profesionales que han dificultado la continuidad de la audiencia. El Ministerio Público mantiene firme su solicitud de 23 años de cárcel para Barriga, imputada por presuntos delitos reiterados de fraude al fisco, falsificación de instrumentos públicos, uso de instrumento público falsificado, malversación de caudales públicos y negociación incompatible. La sucesión de inhibiciones judiciales ha generado un desgaste en el calendario procesal, obligando a las partes a reorganizar sus estrategias para la próxima instancia.
Proyecciones y nueva etapa judicial
Tras la salida de Torres, la responsabilidad de conducir la audiencia de preparación de juicio oral recae ahora en la jueza Constanza Estay. Según lo informado, la nueva magistrada tomará la causa a las 13:30 horas de la misma jornada, buscando agilizar un proceso que lleva meses estancado por estas controversias de competencia e imparcialidad. El cambio de juzgador es un procedimiento estándar en el sistema de justicia chileno para asegurar la objetividad, aunque en este caso específico ha generado una acumulación de retrasos que la comunidad y las partes involucradas observan con atención.
El caso de Cathy Barriga no solo tiene un impacto legal directo, sino que también resuena en la política local de la Región Metropolitana, donde la transparencia en la gestión municipal es un tema de alto interés público. La próxima audiencia será crucial para determinar si se logra finalmente fijar la fecha del juicio oral, poniendo fin a una etapa de preparativos que se ha extendido más de lo previsto por las sucesivas inhibiciones de los jueces asignados.
