Puedes cambiar la voz (gratis). Primero lee el título y luego la noticia.
La preparación de juicio contra Cathy Barriga sufrió este lunes un nuevo y significativo retraso judicial, luego de que volviera a fracasar la audiencia de preparación de juicio oral (APJO) contra la exalcaldesa de Maipú, tras la inhabilitación de un segundo juez en un periodo inferior a dos semanas. La Defensoría Penal Pública solicitó la recusación del magistrado Hugo Torres invocando una causal de implicancia directa, argumentando que el juez había mencionado a la exautoridad comunal en resoluciones judiciales previas, lo que a juicio de la defensa comprometía su imparcialidad en el bullado caso de presunta corrupción y fraude al fisco que indaga el Ministerio Público.
Este nuevo escenario procesal añade complejidad a una causa de alta connotación pública en el sistema judicial chileno. La petición presentada por la defensa generó posturas divididas en el tribunal, enfrentando los argumentos de los abogados defensores con la oposición frontal manifestada por la propia Fiscalía, los representantes de la Municipalidad de Maipú y el Consejo de Defensa del Estado (CDE), quienes buscaban mantener la continuidad del proceso sin mayores suspensiones que dilataran el esclarecimiento de los graves hechos imputados a la exjefa comunal.
Fundamentos de la inhabilitación y antecedentes previos
La solicitud de inhabilitación contra el juez Hugo Torres se fundamentó estrictamente en dos decisiones jurisdiccionales previas adoptadas por el magistrado. Por un lado, se cuestionó su pronunciamiento en torno a la legitimación activa del municipio de Maipú como querellante; por otro, el hecho de haber dictado una sentencia condenatoria respecto de cuatro imputados en procedimientos abreviados, resoluciones escritas en las cuales habría mencionado en al menos en veinte ocasiones a la exalcaldesa. Ante estos antecedentes y los argumentos expuestos en estrado, el magistrado acogió la solicitud y se declaró inhabilitado para seguir conociendo de la causa.
Esta determinación se suma a lo ocurrido apenas doce días antes, fecha en la que también se suspendió la preparación del juicio tras la inhabilitación del juez Carlos Silva. En aquella oportunidad, la suspensión se originó luego de que el municipio de Maipú, respaldado por la Fiscalía Oriente y el CDE, presentara una recusación amistosa debido a la cercanía manifiesta del magistrado con los abogados defensores Cristóbal Bonacic y José Miguel Barahona, profesionales que representan a Joaquín Lavín León —marido de la exalcaldesa— en una indagatoria paralela por corrupción derivada de la misma investigación principal.
Continuidad del proceso y proyecciones judiciales
Ante la vacancia momentánea generada por estas inhabilitaciones sucesivas, la jueza Constanza Estay asumió la conducción de la audiencia para encauzar el debate jurídico en el marco de la causa instruida contra Cathy Barriga. La exalcaldesa enfrenta graves cargos presentados por el Ministerio Público, institución que solicitó una pena ejemplar de 23 años de cárcel efectiva por delitos reiterados de fraude al fisco, falsificación y uso malicioso de instrumento público falso, además de malversación de caudales públicos y negociación incompatible.
Las próximas jornadas judiciales serán claves para determinar si el tribunal logra zanjar definitivamente las incidencias procesales y avanzar hacia las etapas definitivas del juicio oral. La comunidad jurídica nacional sigue atentamente el desarrollo de estas audiencias en los tribunales de garantía, evaluando el impacto que estas recusaciones generan en los plazos y en la eficiencia del sistema de enjuiciamiento criminal chileno frente a causas de alta complejidad institucional.
