El Servicio de Impuestos Internos habilitó el trámite para que las personas de 65 años o más dejen de pagar contribuciones por su vivienda principal a partir de enero próximo. Según el propio servicio, más de 200 mil propietarios podrían acogerse, siempre que presenten una declaración jurada antes de fin de año. La medida forma parte de la Ley de Reconstrucción Nacional. Al mismo tiempo, alcaldes de distintos sectores advierten que aún no tienen certeza sobre cómo se repondrán los recursos que dejarán de recibir. Dado lo anterior, es preciso reflexionar sobre quién gana y quién paga con esta exención.
Conviene partir por un dato que suele perderse en el debate. Buena parte de las viviendas del país ya no pagaba contribuciones, porque las de uso habitacional con avalúo fiscal inferior a unos 60 millones de pesos están exentas. Además, existe desde hace años un beneficio para adultos mayores que rebaja el impuesto en 50% o 100% según los ingresos del propietario y el avalúo de la propiedad, y que ya alcanza a más de la mitad de los adultos mayores con viviendas afectas.
Así, la nueva exención favorece sobre todo a quienes quedaban fuera de esas reglas, es decir, propietarios con mayores ingresos o con casas de alto avalúo. La ley no fija tope de ingresos ni de avalúo. Un jubilado con una casa modesta en la periferia no verá cambio alguno, porque ya no pagaba. Un profesional de 66 años en plena actividad, dueño de una casa de alto valor en el sector oriente de Santiago, sí lo notará.
El costo se estima en torno a 190 mil millones de pesos al año, y la ley compromete compensar a los municipios con cargo a la Ley de Presupuestos. Ahí aparece el segundo problema. Esa compensación se financia con impuestos generales como el IVA, que también pagan familias jóvenes que arriendan y nunca han sido dueñas de una propiedad. El efecto neto es una transferencia desde contribuyentes de menores ingresos hacia propietarios de mayor patrimonio. El Consejo Fiscal Autónomo sumó otra advertencia, ya que el envejecimiento de la población hará crecer el número de beneficiarios y, con ello, el gasto.
Los impuestos a la propiedad recaudan en Chile cerca de 1,1% del PIB, frente a 1,8% en el promedio de la OCDE. Partimos con una base estrecha y la estamos reduciendo aún más. Para los municipios, el impuesto territorial es una de sus pocas fuentes propias de ingreso, y reemplazarlo por una transferencia que se negocia en cada presupuesto los deja más dependientes del gobierno central de turno.
Desde mi punto de vista, la exención responde a un problema real con una herramienta demasiado amplia. Libera del impuesto a quienes sí pueden pagarlo, traslada el costo a contribuyentes sin propiedad y debilita la autonomía financiera de los municipios. Un alivio focalizado por ingresos habría costado menos y habría llegado a quienes de verdad lo necesitan.
















