En un complejo escenario judicial que busca redefinir la responsabilidad de los escalafones más bajos de las Fuerzas Armadas durante el régimen militar, cinco exconscriptos dictadura han interpuesto una demanda civil contra el Estado de Chile. Los recurrentes, quienes actualmente cumplen condenas por violaciones a los derechos humanos, solicitan una indemnización total de 1.500 millones de pesos —300 millones para cada uno—, argumentando que fueron sometidos a maltratos físicos y psicológicos extremos por parte de sus superiores para obligarlos a participar en ejecuciones sumarias y secuestros entre 1973 y 1974.
El libelo acusatorio sostiene que, al momento de los hechos, los demandantes tenían entre 18 y 19 años de edad, lo que bajo la legislación vigente en aquella época los situaba como menores de edad. Según el relato de la defensa, estos jóvenes soldados fueron víctimas de un sistema de coacción institucionalizada donde la desobediencia a una orden de ejecución implicaba el riesgo inminente de ser asesinados por sus propios mandos. Esta acción legal busca que el Estado reconozca una doble condición en estos sujetos: la de victimarios ante la justicia penal y la de víctimas de un sistema represivo ante la justicia civil.
El impacto de las órdenes militares y los exconscriptos dictadura
La demanda se apoya en informes psicológicos de carácter reservado que describen cuadros clínicos devastadores. Los peritajes detallan que los exconscriptos dictadura presentan depresión severa, crisis de pánico recurrentes, estrés postraumático crónico y, en algunos casos, antecedentes de comportamiento suicida. El escrito judicial enfatiza que las órdenes de disparar contra civiles desarmados no fueron actos voluntarios, sino el resultado de un entorno de terror donde las instrucciones se acompañaban de intimidación directa con armas de fuego y la invocación constante de un supuesto estado de guerra interna.
Para sustentar sus pretensiones, los demandantes han recurrido paradójicamente a los mismos expedientes judiciales que permitieron sus condenas. En dichos documentos se consignan testimonios sobre cómo los soldados eran obligados a disparar cargas completas de sus fusiles contra prisioneros maniatados en quebradas. Entre los demandantes se encuentran Juan Dionisio Opazo, Víctor Reinaldo Sandoval, Carlos Enrique Durán y Roberto Mauricio Pinto, quienes fueron sentenciados por el asesinato de 38 campesinos en la localidad de Paine, además de un quinto exsoldado condenado por secuestros en Quinta Normal.
Antecedentes de las matanzas en Paine y Rapel
Uno de los episodios más crudos relatados en la demanda ocurrió el 3 de octubre de 1973 en la cuesta de Chada. Bajo el mando del teniente Osvaldo Andrés Alonso Magaña Bau, un contingente de la Escuela de Infantería de San Bernardo trasladó a 14 detenidos en un camión Dodge rojo. Tras obligarlos a desnudarse, los prisioneros fueron llevados al fondo de una quebrada donde, tras una señal de silbato o disparo al aire, los conscriptos debieron vaciar sus cargadores. Hechos similares se repitieron trece días después cerca del lago Rapel, donde otras 24 personas fueron ejecutadas y enterradas de forma clandestina.
Este proceso judicial abre un debate profundo sobre la obediencia debida y las secuelas de largo plazo en quienes formaron parte de la maquinaria represiva del Estado. Mientras las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos mantienen su postura de que no debe existir impunidad ni beneficios para quienes apretaron el gatillo, la defensa de estos exconscriptos apuesta por una reparación económica basada en la vulneración de sus derechos fundamentales como reclutas del servicio militar obligatorio. El tribunal deberá ahora determinar si el Estado es responsable de los daños psicológicos sufridos por aquellos que, siendo apenas adolescentes, fueron forzados a convertirse en ejecutores.
