La aprobación presidencial de José Antonio Kast alcanzó su punto más bajo desde que asumió la presidencia de la República en marzo de 2026, según la última encuesta Agenda Criteria publicada este domingo 15 de noviembre. El estudio revela que apenas un 18% de los consultados aprueba su gestión, mientras que la desaprobación llegó al 72%, un aumento de cinco puntos porcentuales respecto a la medición anterior. Este resultado es particularmente significativo porque iguala exactamente los registros obtenidos por el expresidente Sebastián Piñera en diciembre de 2021, en plena crisis sanitaria, marcando un deterioro sostenido en la percepción ciudadana sobre el actual Mandatario.
El contexto de esta caída es complejo y multifactorial. La evolución de las cifras muestra una tendencia negativa clara: el 18 de octubre la desaprobación era del 59%, subió al 67% el 1 de noviembre y ahora se estabiliza en el 72%. Este descenso en la popularidad coincide con una semana marcada por la tensión social derivada del paro de camioneros, las negociaciones del Ejecutivo para poner fin a la movilización y los fuertes cuestionamientos a la continuidad del ministro de Justicia, Fernando Rabat. La percepción de inestabilidad política y la falta de respuestas concretas a las demandas sociales parecen haber erosionado el capital político acumulado por el Gobierno en sus primeros meses.
Rechazo transversal a la continuidad de Fernando Rabat
Uno de los factores que más ha impactado en la imagen del Gobierno es la decisión de mantener a Fernando Rabat en el Ministerio de Justicia, pese a la controversia generada por las rebajas de condenas otorgadas desde esa cartera. Según la encuesta, un 79% de los encuestados está en desacuerdo con que el Presidente mantenga al secretario de Estado en su cargo, siete puntos más que en la medición de principios de mes. Solo un 16% respalda su continuidad. Este rechazo no se limita a la oposición, sino que atraviesa los distintos sectores políticos: entre quienes se identifican con la izquierda alcanza un 92%, en el centro llega al 88% y, notablemente, entre los encuestados de derecha se sitúa en un 64%. Incluso la acusación constitucional impulsada contra Rabat cuenta con el respaldo de un 68% de quienes conocen la iniciativa, y un 72% apoya que el ministro pueda ser destituido mediante ese mecanismo.
Además del desgaste político, la encuesta evidencia un profundo deterioro en las expectativas económicas de la población. Un 60% de los chilenos considera que la situación económica del país estará peor dentro de seis meses, lo que representa un incremento de 11 puntos porcentuales respecto de octubre. En contraste, apenas un 13% cree que la economía nacional mejorará. Esta incertidumbre también se refleja en el ámbito personal: un 46% anticipa que la situación económica de su hogar empeorará, y un 53% cree que las posibilidades de encontrar trabajo o mejorar su puesto laboral se verán afectadas. Estos indicadores sugieren que la gestión económica del Gobierno no está logrando transmitir confianza a la ciudadanía, un factor crítico para la estabilidad social y política.
Impacto en la gestión y proyecciones futuras
Los resultados de esta encuesta constituyen una señal de alerta para La Moneda. La combinación de una baja aprobación, un rechazo mayoritario a una de sus figuras clave y un creciente pesimismo económico plantea desafíos significativos para el resto del mandato. El Gobierno deberá evaluar si la estrategia de mantener a Rabat sigue siendo viable o si es necesario realizar ajustes en su equipo de trabajo para intentar revertir la tendencia negativa. Asimismo, la gestión de la crisis social y económica requiere de respuestas más contundentes y comunicadas de manera efectiva para recuperar la confianza de la ciudadanía.
En conclusión, la encuesta Agenda Criteria pinta un escenario desafiante para el Gobierno de Kast. La similitud con los números de Piñera en 2021 sirve como recordatorio de la volatilidad de la opinión pública y la importancia de una gestión cercana y efectiva. Los próximos meses serán determinantes para determinar si el Ejecutivo logra estabilizar la situación o si el deterioro en la aprobación se profundiza, afectando su capacidad de implementación de políticas públicas y su legitimidad ante la ciudadanía.
















