Advertisement

Encuesta Criteria revela amplio respaldo ciudadano a acusación contra ministro Rabat

0:00 / --:-- Locución HD

Un contundente respaldo ciudadano a la acusación constitucional contra Fernando Rabat ha quedado en evidencia tras la publicación de los últimos resultados de la encuesta Criteria, en un escenario político altamente complejo para el Ejecutivo. La crisis institucional desatada a raíz de la firma de 56 decretos que posibilitaron la rebaja de penas a condenados por delitos de alta gravedad —incluyendo a pederastas y violadores de derechos humanos durante la dictadura cívico-militar encabezada por Augusto Pinochet entre 1973 y 1990— continúa generando esquirlas en La Moneda y golpea directamente al Ministerio de Justicia, cuya máxima autoridad enfrenta un inminente juicio político en el Congreso Nacional.

El trasfondo de esta controversia radica en la emisión de los polémicos instrumentos administrativos que alteraron condenas ejecutoriadas, provocando una profunda indignación transversal en la sociedad chilena y en diversas organizaciones de derechos humanos. Este episodio ha puesto bajo estricto escrutinio los mecanismos de control interno de la cartera de Justicia y los criterios jurídicos aplicados, generando un debate nacional sobre la probidad, el resguardo de las víctimas y las responsabilidades políticas inexcusables que recaen sobre el secretario de Estado en el ejercicio de sus funciones ministeriales.

Rechazo transversal y demanda ciudadana de renuncia

De acuerdo con los datos entregados por el sondeo dominical de Criteria, la percepción de la opinión pública ha sido lapidaria respecto al desempeño del secretario de Estado. Los números reflejan que un 79% de los encuestados a lo largo del país manifiesta un abierto respaldo a la salida inmediata del abogado del gabinete ministerial, evidenciando la pérdida de confianza ciudadana en su gestión. Asimismo, el estudio demoscópico constata que el 68% de la población aprueba de manera explícita la presentación del libelo acusatorio por parte de los parlamentarios de oposición, consolidando un escenario de alta presión institucional sobre el Congreso.

Los parlamentarios impulsores de la acción fiscalizadora han sostenido que la permanencia del ministro vulnera los estándares éticos mínimos exigidos para la conducción de la justicia en Chile. Por su parte, los sectores oficialistas han intentado contener los efectos políticos de la crisis, argumentando la necesidad de esclarecer los hechos administrativos en las instancias correspondientes, mientras los partidos con representación parlamentaria afinan los argumentos jurídicos que sustentarán el debate y la posterior votación de la acusación constitucional en la Cámara de Diputadas y Diputados.

Proyecciones del debate legislativo en el Congreso

Las próximas semanas se avizoran determinantes para el futuro político de Fernando Rabat y para la estabilidad de la agenda legislativa del Gobierno en el Parlamento. Con un clima de alta polarización y la atenta mirada de la ciudadanía organizada, las bancadas opositoras y oficialistas se preparan para una dura batalla dialéctica y aritmética en el hemiciclo, donde cada voto será decisivo para definir la admisibilidad y procedencia del libelo acusatorio.

El impacto de este conflicto político trasciende las paredes del Congreso Nacional, configurando un test de gobernabilidad para la administración central en un periodo marcado por las demandas de mayor transparencia institucional y justicia social. La resolución de este proceso no solo determinará la continuidad del ministro en el cargo, sino que también dejará una profunda huella en los estándares de rendición de cuentas y responsabilidad política exigidos a las altas autoridades del Estado chileno.