Una patente más barata puede marcar la diferencia entre mantener una concesión minera o arriesgarse a perderla de manera definitiva. Bajo esta premisa, la Cámara de Diputados aprobó y despachó a ley una profunda reforma legislativa que busca aliviar significativamente los costos operativos y transformar las condiciones de pago para la pequeña y mediana minería en Chile. La nueva normativa reemplaza el complejo cobro progresivo por una tarifa fija de 0,4 UTM por hectárea, además de ampliar de forma sustancial las opciones para que los productores de menor escala accedan a una patente rebajada de 0,1 UTM por hectárea, entregando un respiro largamente anhelado por el sector.
Este hito legislativo responde a una demanda histórica de los mineros artesanales y de menor escala, quienes enfrentaban cargas financieras sumamente elevadas bajo el anterior sistema de patentes, el cual podía escalar hasta las 12 UTM por hectárea en los tramos más avanzados. El fuerte impacto de estos cobros amenazaba la continuidad de cientos de faenas a lo largo del territorio nacional, incluyendo las regiones mineras tradicionales del norte de Chile. Con la nueva legislación, se busca otorgar previsibilidad y certeza jurídica, permitiendo que los pequeños productores concentren sus recursos en la sostenibilidad y el desarrollo productivo de sus pertenencias.
Alivio financiero y postergación del pago de patentes para el periodo 2026
Entre las medidas operativas más urgentes contempladas en la normativa, destaca que el pago de las patentes correspondientes al ejercicio 2026 se postergará formalmente hasta el 28 de febrero de 2027. Esta prórroga excepcional aplaza asimismo los procesos de remates asociados por deudas, otorgando un margen de maniobra crucial para los concesionarios. Los cambios legales comenzarán a regir de manera oficial una vez que el texto sea publicado en el Diario Oficial. Al respecto, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, defendió la reforma y señaló enfáticamente que «Chile necesita una pequeña y mediana minería vigorosa para desplegar todo su potencial minero», destacando el rol estratégico que cumplen estos actores en la economía nacional y regional.
Adicionalmente, la iniciativa elimina exigencias burocráticas obsoletas para solicitar las rebajas, permitiendo que arrendatarios y otras personas que exploten legítimamente una mina puedan acceder al beneficio sin mayores tropiezos. La reforma incorpora un régimen especial para titulares de hasta 500 hectáreas que realicen labores extractivas y se encuentren debidamente empadronados en la Empresa Nacional de Minería (ENAMI) u otro poder de compra reconocido, permitiéndoles mantener una patente rebajada durante un periodo de cinco años continuos.
Ampliación de superficies y optimización en los procesos de remates mineros
La nueva ley también amplía de 50 a 100 hectáreas la superficie que puede acogerse a la rebaja destinada a la minería artesanal, y de 100 a 150 hectáreas para los pequeños productores, extendiendo el beneficio temporal de dos a cinco años. Asimismo, se suprimió la obligación de acreditar servidumbres para postular al régimen especial. En el plano procesal, se modificó el sistema de remates por deudas de patentes para reducir costos y mitigar la incertidumbre jurídica, permitiendo corregir errores en las listas de concesiones, transparentar el cobro de gastos procesales, agilizar la liberación de terrenos y clarificar los efectos de cancelar inscripciones y extinguir obligaciones.
