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Ampliar el acceso oportuno a medicamentos en los sectores y comunas rurales del país representa una necesidad permanente, pero flexibilizar las exigencias para la dirección técnica de los recintos podría debilitar las garantías sanitarias básicas de la población. Así lo advirtió Fernando Torres, director de la Escuela de Química y Farmacia de la Universidad Andrés Bello (UNAB), al analizar el proyecto de ley impulsado por el diputado Diego Vergara (Partido Republicano).
La propuesta parlamentaria plantea permitir que profesionales o técnicos de nivel superior del área de la salud, con capacitación específica, asuman la dirección de farmacias en localidades con escasa oferta, argumentando que los costos de contratación de un químico farmacéutico limitan la instalación de estos locales en zonas de baja demanda demográfica. Sin embargo, Torres manifestó que resolver esta brecha territorial no debe comprometer la protección de la salud pública.
El rol de protección y vigilancia sanitaria
El especialista recalcó que la farmacia comunitaria no opera simplemente como un punto de venta, sino como un centro de salud donde muchas familias resuelven dudas iniciales sobre sintomatología y tratamientos. En Chile, el artículo 129 A del Código Sanitario exige expresamente que estos establecimientos cuenten con la dirección técnica continua de un químico farmacéutico durante todo su horario de funcionamiento.
«La presencia del químico farmacéutico, profesional de la salud, es una garantía sanitaria esencial», enfatizó Torres, recordando que entre sus obligaciones están la revisión de prescripciones médicas, la evaluación de dosificaciones y la prevención de interacciones adversas graves, tales como la combinación de fármacos anticoagulantes con antiinflamatorios no esteroideos. Asimismo, este profesional custodia la cadena de frío, las condiciones de almacenamiento y el retiro de partidas vencidas.
Propuestas alternativas para localidades rurales
Según el director de la Escuela de Química y Farmacia de la UNAB, prescindir del profesional farmacéutico tampoco obliga a que las cadenas o privados abran sucursales en sectores apartados, ni asegura que bajen los precios de los insumos esenciales. Por ello, instó a fortalecer los mecanismos normativos y públicos ya existentes en el país:
- Fortalecimiento de farmacias municipales y de atención primaria: Robustecer su abastecimiento y stock adaptado a la demanda epidemiológica local.
- Convenios con Cenabast: Ampliar el alcance de compras agregadas e intermediadas a través de la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud, garantizando precios máximos al público.
- Uso de figuras reguladas: Fomentar los almacenes farmacéuticos dirigidos por prácticos de farmacia autorizados, botiquines habilitados y farmacias móviles con resolución sanitaria.
- Despacho y trazabilidad: Impulsar modalidades de entrega domiciliaria segura con orientación remota y estricto control de conservación.
«Una reforma debe vincular sus medidas con resultados verificables para la población», concluyó el académico, puntualizando que los avances deben traducirse en menor gasto de bolsillo y continuidad terapéutica sin mermar la calidad técnica de la atención.
