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La Corte de Apelaciones de Copiapó rechazó el recurso de nulidad interpuesto por el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) y confirmó la sentencia que acogió una denuncia de tutela laboral presentada por tres directoras de jardines infantiles de Freirina, quienes fueron desvinculadas después de formular reclamos ante su empleador y distintos organismos públicos. El fallo, que se convierte en un precedente para la protección de trabajadores que denuncian irregularidades, establece que existieron indicios suficientes de discriminación y que la institución no logró acreditar razones objetivas que justificaran los despidos.
La controversia se originó en la desvinculación de las directoras de los jardines infantiles Los Grillitos, Campanita y Las Abejitas, mediante resoluciones fundadas en el artículo 34 de la Ley N°21.109. Las trabajadoras denunciaron que sus despidos constituyeron una reacción selectiva frente a los reclamos y gestiones que habían realizado ante distintas autoridades, incluyendo el propio Servicio Local y la Contraloría General de la República. El caso se remonta a una serie de denuncias por irregularidades administrativas y de infraestructura, así como a gestiones para resguardar los derechos de un hijo de una de las directoras.
El fallo de primera instancia y los argumentos del Servicio Local
El Juzgado de Letras y Garantía de Freirina acogió la denuncia y declaró vulnerada la garantía de no discriminación establecida en el artículo 2° del Código del Trabajo. En consecuencia, condenó al empleador a pagar indemnizaciones equivalentes a seis remuneraciones mensuales para cada trabajadora, por los montos que se indican en el fallo, más reajustes e intereses legales, sin costas. El fallo no se pronunció sobre la demanda subsidiaria. Disconforme, el Servicio recurrió de nulidad, alegando infracción de ley y, subsidiariamente, vulneración de las reglas de la sana crítica. Sostuvo que la sentencia confundió un despido eventualmente injustificado con uno discriminatorio, sin acreditar una represalia ni un motivo prohibido por la legislación laboral.
También argumentó que el tribunal había confundido las garantías de no discriminación e indemnidad, contempladas en los artículos 2° y 485 del Código del Trabajo, y que la falta de proporcionalidad de una medida no bastaba para configurar discriminación. Cuestionó, además, una supuesta interpretación extensiva basada en el principio in dubio pro operario, invocando los artículos 19 y 23 del Código Civil. Respecto de la prueba, afirmó que el juez había deducido una relación causal únicamente de la cercanía temporal entre los reclamos y las desvinculaciones, infringiendo el principio lógico de razón suficiente.
La decisión de la Corte y los fundamentos de la discriminación
Al resolver, la Corte recordó que el recurso de nulidad laboral es un mecanismo extraordinario que no permite revisar libremente los hechos ni valorar nuevamente la prueba. Precisó que la infracción de ley debe examinarse respetando los hechos establecidos y que una vulneración de la sana crítica exige identificar concretamente las pruebas y reglas de valoración infringidas. En cuanto al fondo, constató que las tres directoras habían presentado reiterados reclamos ante el Servicio Local y la Contraloría General de la República por el anunciado concurso de sus cargos. Además, una de ellas había efectuado gestiones ante Carabineros, un tribunal con competencia en familia y la Superintendencia de Educación para resguardar los derechos de su hijo, mientras que otra había denunciado problemas de infraestructura de su establecimiento, incluso ante la Contraloría.
La Corte destacó que, poco después de estas actuaciones, las tres trabajadoras que encabezaron los reclamos fueron las únicas desvinculadas, pese a que sus funciones continuaron siendo desempeñadas por otras educadoras designadas como encargadas, con remuneraciones prácticamente equivalentes y sin que se acreditara un ahorro efectivo. Asimismo, el empleador no presentó evaluaciones, criterios comparativos ni antecedentes técnicos que explicaran por qué seleccionó a estas funcionarias o por qué no podían asumir las labores que posteriormente desempeñaron sus reemplazantes. A ello se sumó que los informes técnicos invocados para justificar los despidos fueron elaborados en agosto de 2025, varios meses después de las desvinculaciones y cuando el juicio ya había comenzado. Los testigos del Servicio también entregaron versiones contradictorias sobre la reducción de personal y los criterios de selección.
Implicancias del fallo y protección a denunciantes
Frente a estos antecedentes, la Corte concluyó que la discriminación no se estableció por la sola falta de justificación técnica de los despidos, sino por una diferencia de trato respecto de otras funcionarias en condiciones similares, cuyo único elemento diferenciador acreditado fue la actividad de reclamo desarrollada por las demandantes. Explicó que el artículo 2° del Código del Trabajo contiene un catálogo no taxativo de motivos de discriminación, que debe interpretarse conforme al artículo 19 N°2 de la Constitución, que prohíbe las diferencias arbitrarias, y al artículo 19 N°16, que impide discriminaciones laborales ajenas a la capacidad o idoneidad personal.
Este fallo representa un importante precedente para la protección de los trabajadores que denuncian irregularidades en sus lugares de trabajo, especialmente en el ámbito de la educación pública, donde los Servicios Locales tienen la responsabilidad de garantizar ambientes laborales libres de represalias. La decisión de la Corte de Apelaciones de Copiapó reafirma que las desvinculaciones no pueden fundarse en la actividad de denuncia de los funcionarios y que los empleadores deben acreditar objetivamente las razones de sus decisiones. Para la comunidad de Freirina, este caso pone de relieve la importancia de la fiscalización y el resguardo de los derechos laborales en los establecimientos educativos, así como la necesidad de que las instituciones públicas actúen con transparencia y apego a la normativa.
