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Constitucionalista advierte riesgos legales en convenio de Inteligencia Artificial del Estado

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El abogado constitucionalista Tomás Jordán ha encendido las alarmas respecto a la reciente suscripción del convenio “OpenAI para Chile”, impulsado por la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Ximena Lincolao. Según el académico de la Universidad Alberto Hurtado, la decisión de integrar herramientas de inteligencia artificial en la administración pública carece de un respaldo normativo sólido, calificando la medida como un paso dado “al descampado” debido a la actual desregulación que enfrenta el país en materias digitales.

El contexto en el que se desarrolla esta iniciativa es complejo. Chile se encuentra en un periodo de transición legislativa donde aún no se concreta la entrada en vigencia de la nueva normativa sobre protección de datos personales, ni se ha despachado del Congreso la ley específica que regule la inteligencia artificial. Esta orfandad jurídica, a juicio de Jordán, genera un escenario de incertidumbre donde el Estado podría quedar expuesto ante eventuales vulneraciones de seguridad o filtraciones de información sensible de los ciudadanos.

Vacíos normativos y riesgos de inteligencia artificial

Durante su intervención en el espacio informativo Al Pan Pan, el experto enfatizó que, más allá de las intenciones de modernización estatal, el problema radica en la falta de herramientas institucionales para supervisar el tratamiento de datos. “Aparece el convenio con una gran empresa de inteligencia artificial en un escenario en el cual estamos desregulados”, sostuvo Jordán, subrayando que la suspensión de la Ley de Datos Personales impide contar con los mecanismos de fiscalización necesarios para garantizar la soberanía de la información estatal frente a proveedores internacionales.

El constitucionalista fue enfático al señalar que, aunque la autoridad ministerial ha asegurado que no habrá traspaso de datos personales, esta declaración carece de un blindaje legal efectivo. La ausencia de domicilio legal en Chile por parte de la empresa tecnológica complica la determinación de responsabilidades en caso de incidentes. Jordán advirtió que, ante la falta de una institucionalidad robusta, cualquier filtración de datos dejaría al Estado en una posición de vulnerabilidad jurídica, sin los instrumentos necesarios para ejercer acciones correctivas inmediatas.

Desafíos para la administración pública

El impacto de esta controversia trasciende lo técnico y se instala en la agenda política nacional. La preocupación central radica en cómo el Estado gestionará la confidencialidad en sus reuniones periódicas con la empresa y qué garantías reales tendrán los ciudadanos sobre su privacidad. Mientras el proyecto de ley sobre inteligencia artificial permanece en discusión parlamentaria, la implementación de este convenio sigue siendo observada con cautela por expertos que exigen mayor transparencia y celeridad en la creación de un marco normativo que proteja los derechos fundamentales en la era digital.

De cara al próximo año, el desafío para el Ministerio de Ciencia será demostrar que la modernización del Estado no compromete la seguridad de la información. La comunidad académica y diversos sectores políticos han solicitado que se clarifiquen los alcances técnicos del acuerdo y se establezcan protocolos de seguridad que, en ausencia de una ley vigente, actúen como salvaguardas temporales ante los riesgos que conlleva la adopción acelerada de tecnologías de vanguardia sin la debida preparación institucional.