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El acceso a la minería en Chile y Mongolia responde a modelos jurídicos distintos que reflejan la manera en que cada Estado organiza la explotación de sus recursos minerales. Así lo plantea Gastón Fernández Montero, profesor de Derecho Minero y miembro de la Comisión Redactora del Código Minero chileno actual, quien aborda las diferencias entre ambos sistemas en un análisis publicado por Revista Minera Crisol. El texto, fechado el 18 de octubre de 2026, examina cómo la minería, como actividad estratégica, no solo depende de la riqueza geológica de cada país, sino también del marco legal que regula el acceso a los yacimientos.
Chile cuenta con una tradición minera centrada en un código sectorial que establece concesiones mineras y un régimen de propiedad sobre las sustancias minerales, mientras que Mongolia ha desarrollado un esquema jurídico propio tras su transición económica. La comparación resulta relevante en un contexto global donde los países compiten por atraer inversiones en minería, especialmente en minerales críticos como el cobre y el litio. La experiencia chilena, con su Código de Minería, es frecuentemente citada como un referente en América Latina, mientras que Mongolia, con un marco regulatorio más joven, ofrece un contraste interesante para el análisis académico y profesional.
El modelo chileno y su influencia en el acceso a la minería
El profesor Fernández Montero, quien participó en la redacción del Código Minero chileno vigente, destaca que el sistema chileno se caracteriza por la concesión minera como figura central, la que otorga derechos de exploración y explotación con garantías constitucionales. Este marco ha permitido el desarrollo de una industria minera robusta, aunque también ha generado debates sobre la distribución de la renta y la participación del Estado. En contraste, el modelo mongol, según el análisis, presenta particularidades en cuanto a la participación estatal y los requisitos de inversión, lo que configura un acceso diferenciado a los recursos.
La comparación entre ambos sistemas jurídicos permite identificar buenas prácticas y desafíos comunes. Por ejemplo, Chile ha debido adaptar su legislación para incorporar estándares ambientales y sociales más exigentes, mientras que Mongolia enfrenta el reto de equilibrar la atracción de capital extranjero con la soberanía sobre sus recursos. El texto de Fernández Montero sugiere que, pese a las diferencias, ambos países buscan un punto de equilibrio entre el fomento de la inversión y la protección de los intereses nacionales.
Implicancias para la industria y las comunidades mineras
El análisis de los modelos jurídicos de acceso a la minería tiene implicancias directas para las regiones mineras de Chile, como Atacama y la Provincia del Huasco, donde la actividad extractiva es un pilar económico. Un marco legal claro y estable es fundamental para atraer inversiones y garantizar la continuidad de las operaciones, así como para asegurar que las comunidades locales reciban beneficios justos. La reflexión del profesor Fernández Montero aporta elementos para el debate sobre la modernización del Código Minero y la necesidad de incorporar perspectivas comparadas.
En un escenario de transición energética y creciente demanda de minerales, la forma en que los países organizan jurídicamente el acceso a la minería se vuelve crucial. Chile, con su larga tradición, y Mongolia, con su experiencia reciente, ofrecen lecciones sobre la importancia de la seguridad jurídica y la adaptabilidad normativa. El artículo invita a los especialistas y tomadores de decisión a considerar estos modelos en el diseño de políticas públicas que promuevan una minería sostenible e inclusiva.
