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La minería, como actividad estratégica, refleja en cada país no solo su riqueza geológica, sino también la forma en que el Estado organiza jurídicamente el acceso a los recursos. Así lo plantea Gastón Fernández Montero, profesor de Derecho Minero y miembro de la Comisión Redactora del Código Minero chileno actual, quien aborda los modelos jurídicos de acceso a la minería en Chile y Mongolia, dos realidades distantes geográficamente pero relevantes para entender las distintas concepciones sobre la explotación de recursos naturales.
El análisis adquiere particular relevancia en un contexto global donde la demanda por minerales estratégicos, como el cobre y el litio, se intensifica debido a la transición energética. Chile, como principal productor mundial de cobre, ha construido un marco normativo que combina la propiedad estatal de los yacimientos con concesiones a privados, mientras que Mongolia, país sin litoral y con una economía emergente, ha desarrollado un sistema propio tras su transición post-soviética. La comparación permite observar cómo factores históricos, políticos y económicos moldean las reglas de acceso a la minería.
El modelo jurídico chileno y su evolución
En Chile, el acceso a la minería se rige por el Código de Minería, que establece la distinción entre concesiones mineras de exploración y de explotación, otorgadas por resolución judicial. Este sistema, heredero de la tradición legal hispánica y refinado durante el siglo XX, consagra la libertad de prospección y la protección de la propiedad minera, aunque con limitaciones derivadas de la Constitución de 1980, que reafirma la propiedad del Estado sobre las minas, independientemente del dominio del suelo. Fernández Montero, como miembro de la comisión que redactó el código vigente, conoce de primera mano las tensiones entre la inversión privada y el interés público.
El experto destaca que el sistema chileno ha sido clave para atraer inversión extranjera y desarrollar una industria de clase mundial, pero también ha enfrentado críticas por la concentración de derechos y los impactos ambientales. En ese sentido, la discusión sobre el acceso a la minería en Chile no solo involucra aspectos legales, sino también consideraciones sociales y territoriales, especialmente en regiones como Atacama, donde la actividad minera es un pilar económico.
Mongolia: un modelo en transición
Mongolia, por su parte, ha experimentado una transformación radical desde la caída del régimen comunista en 1990. Su Ley de Minerales, promulgada en 1997 y reformada en varias ocasiones, establece un sistema de licencias para exploración y explotación, administrado por la Agencia de Minerales y Petróleo. A diferencia de Chile, donde el Poder Judicial tiene un rol central en la constitución de derechos mineros, en Mongolia el Ejecutivo otorga las licencias, lo que ha generado debates sobre discrecionalidad y transparencia. Además, el país ha utilizado la minería como motor de crecimiento, con proyectos emblemáticos como Oyu Tolgoi, una de las minas de cobre y oro más grandes del mundo, operada por Rio Tinto en asociación con el gobierno mongol.
Fernández Montero señala que el caso mongol ilustra cómo un país puede pasar de un sistema centralizado a uno de mercado, pero con fuertes vaivenes regulatorios. Las reformas legales han buscado equilibrar la atracción de inversiones con la captura de rentas para el Estado, incluyendo la participación accionaria en proyectos estratégicos. Este enfoque contrasta con el chileno, donde la inversión privada ha sido predominante y el Estado actúa principalmente como regulador y propietario de los recursos, aunque con empresas públicas como Codelco.
Implicancias para la región de Atacama y el debate público
La comparación entre ambos modelos jurídicos no es meramente académica. En regiones mineras como Atacama, donde comunas como Vallenar, Freirina y Huasco conviven con grandes operaciones de cobre y hierro, las decisiones sobre el acceso a los recursos impactan directamente en el empleo, el medio ambiente y la distribución de ingresos. El análisis de Fernández Montero invita a reflexionar sobre la necesidad de marcos legales claros y estables que permitan atraer inversión sin sacrificar la soberanía sobre los recursos ni la protección de las comunidades.
En un momento en que Chile discute posibles reformas al Código de Minería y al régimen de concesiones, la experiencia internacional ofrece lecciones valiosas. El profesor subraya que no existe un modelo único, sino que cada país debe adaptar sus instituciones a su realidad geológica, política y social. Para la Provincia del Huasco, donde la minería es una actividad central, el debate sobre el acceso a los recursos es también una oportunidad para fortalecer la participación ciudadana y la fiscalización ambiental.
