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La minería, como actividad estratégica, refleja en cada país no solo su riqueza geológica, sino también la forma en que el Estado organiza jurídicamente el acceso a los recursos. Así lo plantea Gastón Fernández Montero, profesor de Derecho Minero y miembro de la Comisión Redactora del Código Minero chileno actual, quien aborda los dos modelos jurídicos de acceso a la minería que representan Chile y Mongolia. El análisis cobra relevancia en un contexto global de creciente demanda de minerales y de debates sobre la propiedad y explotación de los recursos naturales.
Chile, con una larga tradición minera, ha construido un marco legal que se caracteriza por la concesión de derechos de explotación a privados, bajo un régimen de propiedad minera separada de la superficie. Mongolia, en cambio, ha desarrollado un sistema que combina la inversión extranjera con un fuerte control estatal sobre los recursos estratégicos. Estas diferencias se traducen en distintos niveles de atracción de inversiones, regulaciones ambientales y beneficios para las comunidades locales. El profesor Fernández Montero, desde su experiencia en la redacción del Código Minero chileno, aporta una perspectiva comparada que ilumina los desafíos y fortalezas de cada modelo.
Los dos modelos jurídicos de acceso a la minería: Chile y Mongolia
Según el análisis de Fernández Montero, el modelo chileno se sustenta en un sistema de concesiones mineras que otorgan derechos exclusivos de exploración y explotación, con una clara separación entre la propiedad del suelo y la del subsuelo. Este esquema ha facilitado la inversión privada y el desarrollo de una industria de clase mundial, pero también ha generado tensiones en torno a la distribución de los beneficios y la protección ambiental. En contraste, Mongolia ha implementado un marco legal que permite la participación estatal en proyectos estratégicos y establece requisitos más estrictos para los inversionistas extranjeros, buscando un mayor control sobre sus recursos.
El profesor Fernández Montero destaca que ambos países enfrentan el desafío de equilibrar la atracción de capital con la soberanía sobre los recursos. Mientras Chile ha priorizado la seguridad jurídica para los inversionistas, Mongolia ha puesto énfasis en la renegociación de contratos y en la captura de una mayor renta minera. Estas diferencias reflejan las distintas realidades políticas, económicas y sociales de cada nación, y ofrecen lecciones valiosas para el diseño de políticas mineras en un mundo cada vez más preocupado por la sostenibilidad y la equidad.
Impacto y proyecciones para la minería chilena
El análisis comparado adquiere especial relevancia para la Región de Atacama y la Provincia del Huasco, territorios con una fuerte vocación minera. La provincia del Huasco, con comunas como Vallenar, Freirina, Huasco y Alto del Carmen, depende en gran medida de la actividad minera, especialmente de la pequeña y mediana minería, así como de proyectos de mayor escala. Las decisiones sobre el acceso a los recursos y las condiciones jurídicas para su explotación impactan directamente en el empleo, la inversión local y los ingresos fiscales que financian programas sociales.
En este sentido, el debate sobre los modelos jurídicos no es ajeno a la realidad regional. La experiencia de Mongolia, con su enfoque en la participación estatal y la renegociación de contratos, podría ofrecer ideas para fortalecer la posición del Estado chileno en la captura de rentas mineras, especialmente en un contexto de altos precios de los metales. Sin embargo, cualquier cambio normativo debe considerar la estabilidad jurídica que ha caracterizado a Chile y que ha sido clave para atraer inversiones. El profesor Fernández Montero, como miembro de la Comisión Redactora del Código Minero, aporta una visión autorizada para entender estos dilemas y proyectar posibles ajustes al marco legal vigente.
