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La minería, como actividad estratégica, refleja en cada país no solo su riqueza geológica, sino también la forma en que el Estado organiza jurídicamente el acceso a los recursos. Así lo plantea Gastón Fernández Montero, profesor de Derecho Minero y miembro de la Comisión Redactora del Código Minero chileno actual, quien aborda los dos modelos jurídicos de acceso a la minería que representan Chile y Mongolia, naciones con realidades geológicas y marcos regulatorios contrastantes pero unidas por su dependencia de la actividad extractiva.
Chile, reconocido como el mayor productor mundial de cobre, ha construido un sistema jurídico minero de larga data, basado en el Código de Minería de 1983 y en una institucionalidad sólida que combina concesiones mineras con un rol activo del Estado a través de Codelco y Enami. Mongolia, por su parte, emergió como actor relevante en la producción de minerales críticos tras la caída del bloque soviético, y ha debido diseñar un marco legal que equilibra la atracción de inversión extranjera con el control estatal sobre sus recursos. El análisis de Fernández Montero se enmarca en un contexto global de creciente demanda de minerales como el cobre y el litio, esenciales para la transición energética, lo que ha llevado a los países a revisar sus legislaciones para hacer más competitivos sus regímenes de acceso.
Los dos modelos jurídicos de acceso a la minería: concesiones versus licencias estatales
Según el experto, la diferencia fundamental radica en la naturaleza del derecho de acceso. En Chile, el sistema se sustenta en concesiones mineras de carácter pleno, otorgadas por el Poder Judicial y protegidas constitucionalmente, lo que brinda seguridad jurídica a los inversionistas. En Mongolia, en cambio, el acceso se canaliza mediante licencias administrativas otorgadas por el Estado, sujetas a revisión y con mayores facultades discrecionales para la autoridad. Fernández Montero destaca que mientras el modelo chileno prioriza la certeza jurídica y la estabilidad de los derechos, el mongol pone énfasis en la renegociación de condiciones y en la captura de una mayor renta por parte del Estado. «Chile ha optado por un sistema de concesiones que otorga derechos firmes, mientras que Mongolia ha preferido un esquema de licencias más flexible pero también más expuesto a cambios regulatorios», señala el académico.
El análisis cobra relevancia para la Provincia del Huasco y la Región de Atacama, territorios donde la minería es un pilar económico y donde proyectos como Caserones, Candelaria y la pequeña minería conviven con comunidades que demandan mayor participación y beneficios. La experiencia comparada puede iluminar el debate local sobre cómo equilibrar la atracción de inversiones con la protección ambiental y los derechos de las comunidades. En ese sentido, Fernández Montero subraya que ambos modelos enfrentan desafíos comunes: la necesidad de armonizar la actividad minera con la sostenibilidad y la aceptación social.
Impacto y proyecciones para la minería chilena
El profesor Fernández Montero advierte que la discusión sobre los modelos jurídicos no es meramente teórica. En un mundo que compite por minerales críticos, la claridad de las reglas de acceso se convierte en un factor decisivo para la inversión. Chile, con su tradición jurídica, enfrenta el reto de actualizar su normativa para incorporar estándares ambientales más exigentes y mecanismos de consulta indígena, sin perder la seguridad que lo caracteriza. Mongolia, por su parte, busca mejorar su atractivo para la inversión extranjera tras años de incertidumbre regulatoria. El análisis comparado sugiere que no existe un modelo único, sino que cada país debe adaptar su marco legal a su realidad geológica, institucional y social.
Para la Región de Atacama, los aprendizajes de esta comparación son relevantes en un momento en que la industria minera local enfrenta desafíos como la caída de leyes de mineral, los altos costos energéticos y las demandas por mayor sostenibilidad. La experiencia de Mongolia en la renegociación de contratos y en la captura de rentas podría ofrecer lecciones sobre cómo fortalecer la posición del Estado en la negociación con las mineras, mientras que el modelo chileno de concesiones ha demostrado ser un pilar para la inversión de largo plazo. El debate sobre el acceso a la minería, concluye el experto, seguirá siendo central en la agenda pública de ambos países.
