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La minería, como actividad estratégica, refleja en cada país no solo su riqueza geológica, sino también la forma en que el Estado organiza jurídicamente el acceso a los recursos. En ese contexto, el profesor de Derecho Minero y miembro de la Comisión Redactora del Código Minero chileno actual, Gastón Fernández Montero, publicó un análisis comparativo entre los dos modelos jurídicos de acceso a la minería que representan Chile y Mongolia, dos naciones con realidades geológicas y regulatorias muy distintas pero con desafíos comunes en la gestión de sus recursos naturales.
El artículo, difundido por la Revista Minera Crisol, plantea que la minería es una actividad estratégica que refleja en cada país no solo su riqueza geológica, sino también la forma en que el Estado organiza jurídicamente el acceso a los recursos. Mientras Chile posee una tradición minera centenaria y un marco legal consolidado, Mongolia ha emergido en las últimas décadas como un actor relevante en el mercado global de minerales, especialmente en cobre y carbón, con un sistema jurídico en plena evolución.
Los dos modelos jurídicos de acceso a la minería
Según el análisis de Fernández Montero, el modelo chileno se caracteriza por una clara separación entre la propiedad del Estado sobre los yacimientos y el otorgamiento de concesiones mineras a privados, las que son fiscalizadas por el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) y reguladas por el Código de Minería. Este sistema ha permitido el desarrollo de una industria de clase mundial, pero también ha generado debates sobre la distribución de la renta minera y el impacto ambiental.
En contraste, el modelo mongol, aunque también reconoce la propiedad estatal de los recursos, ha experimentado reformas legales significativas en los últimos años para atraer inversión extranjera y promover el desarrollo de grandes proyectos como Oyu Tolgoi, una de las minas de cobre y oro más grandes del mundo. Sin embargo, este proceso ha estado marcado por tensiones entre el Estado y las empresas operadoras, y por un marco regulatorio que aún se encuentra en consolidación.
El profesor Fernández Montero destaca que ambos países enfrentan el desafío de equilibrar la atracción de inversiones con la protección de los intereses nacionales y el desarrollo sostenible. En el caso chileno, la discusión sobre el royalty minero y la reciente reforma tributaria han sido temas centrales, mientras que en Mongolia la negociación de contratos de explotación y la participación estatal en los proyectos son parte de la agenda pública.
Impacto y proyecciones para la industria minera
El análisis comparativo resulta relevante para la industria minera global, ya que ambos países son actores clave en la producción de minerales críticos para la transición energética. Chile, como principal productor mundial de cobre, y Mongolia, con un potencial significativo en cobre y carbón, comparten la necesidad de actualizar sus marcos jurídicos para responder a las demandas de sostenibilidad y competitividad.
Para la Región de Atacama y la Provincia del Huasco, territorios con una fuerte presencia minera, este tipo de reflexiones adquieren especial importancia, pues las decisiones sobre el acceso a los recursos y las condiciones jurídicas impactan directamente en la actividad económica local, el empleo y la relación con las comunidades. El artículo invita a pensar en cómo los modelos jurídicos pueden adaptarse a las realidades territoriales y a las expectativas de la ciudadanía.
La publicación de este análisis se produce en un momento en que la minería chilena discute su futuro regulatorio, con propuestas para modificar el Código de Minería y fortalecer la institucionalidad ambiental. El profesor Fernández Montero, desde su experiencia en la Comisión Redactora, aporta una mirada comparada que puede enriquecer el debate público y orientar las decisiones de política pública en la materia.
