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Los modelos jurídicos minería de Chile y Mongolia se presentan como dos enfoques estructurales que definen la forma en que el Estado regula el acceso a los recursos minerales, según el profesor Gastón Fernández Montero, experto en derecho minero.
En Chile, el Código Minero vigente, fruto de una larga trayectoria legislativa, establece un régimen de concesiones que combina derechos de exploración y explotación con un sistema de royalties y regalías que ha sido objeto de reformas continuas. Por su parte, Mongolia adoptó, tras su transición democrática, un modelo basado en la propiedad estatal de los recursos y la participación de empresas extranjeras mediante contratos de inversión directa, lo que ha generado un entorno de mayor flexibilidad pero también de mayor incertidumbre jurídica.
Comparación de los modelos jurídicos minería en Chile y Mongolia
«La minería, como actividad estratégica, refleja en cada país no solo su riqueza geológica, sino también la forma en que el Estado organiza jurídicamente el acceso a los recursos», afirmó Fernández Montero. El académico subrayó que, mientras Chile prioriza la seguridad jurídica mediante plazos definidos y un marco regulatorio estable, Mongolia apuesta por incentivos fiscales agresivos para atraer inversión extranjera, aunque con menos certeza en la estabilidad normativa.
Los datos técnicos revelan diferencias notables: en Chile el royalty promedio se sitúa en torno al 5 % del valor de la producción, mientras que en Mongolia los pagos al Estado pueden variar entre el 2 % y el 10 % según el tipo de mineral y la fase del proyecto. Además, el proceso de obtención de permisos en Chile suele durar entre 12 y 18 meses, frente a los 6 a 9 meses que registra Mongolia, aunque este último está sujeto a revisiones frecuentes por cambios de política.
Proyecciones y desafíos para la minería en Atacama y Chile
Para la región de Atacama, donde la actividad minera constituye el motor económico, la comparación de los modelos jurídicos minería sugiere la necesidad de equilibrar la atracción de inversión con la protección de los intereses locales. Fernández Montero advierte que la adopción de prácticas mongolas podría impulsar la rapidez de nuevos proyectos, pero también exigiría mecanismos de control más robustos para evitar conflictos sociales y ambientales.
En conclusión, el debate sobre los marcos regulatorios abre la puerta a una posible revisión del Código Minero chileno, con miras a incorporar mayor flexibilidad sin sacrificar la certeza jurídica que ha sustentado la expansión de la minería en el norte del país. La comunidad de Vallenar, Freirina, Huasco y Alto del Carmen observará de cerca cualquier cambio que impacte directamente en la generación de empleo y la sostenibilidad ambiental de la zona.
