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La seguridad en la minería chilena volvió al centro del debate público luego de que 13 trabajadores fallecieran en faenas durante 2026, cuatro de ellos en apenas tres días de octubre. Ante esta situación, el Gobierno anunció un incremento sustancial del presupuesto de seguridad minera de Sernageomin para 2027, con el objetivo de elevar las fiscalizaciones a 13.000 anuales y ampliar la cobertura al 50% del universo de faenas. La medida busca reforzar los controles estatales en la principal industria del país, pero hasta ahora no se ha identificado públicamente un plan extraordinario sectorial con responsables, inversiones y plazos verificables por parte de las empresas.
El anuncio fue realizado el 16 de octubre por el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, tras una mesa transversal que reunió a trabajadores, compañías, asociaciones y organismos públicos. La decisión gubernamental surge en un contexto de creciente preocupación por los accidentes fatales en la minería, especialmente después del alud ocurrido el 11 de octubre en la mina El Teniente, que provocó la muerte de dos trabajadores contratistas de Codelco. Este hecho se sumó a otros siniestros que han puesto bajo examen los sistemas de prevención de la industria minera, la más importante de Sudamérica.
Gobierno refuerza fiscalización minera con metas concretas para 2027
El biministro Mas explicó que el aumento de fiscalizaciones representa un 30% más que en 2026 y que se financiarán equipos, tecnología preventiva y una mayor presencia territorial. «La seguridad no depende exclusivamente del Estado», sostuvo la autoridad, al tiempo que convocó a compañías y contratistas a asumir sus responsabilidades. Sernageomin, por su parte, impulsó la reactivación de comités regionales, revisiones de riesgos y barreras críticas al comenzar los turnos, inspecciones no programadas y paralizaciones preventivas ante peligros inminentes. Estas medidas buscan fortalecer la prevención en un sector donde la gestión de contratistas ha evidenciado ser un punto crítico, como lo demostró el accidente de El Teniente, donde los dos trabajadores fallecidos pertenecían a una firma subcontratista que prestaba servicios a otra contratista.
Las empresas mineras, en tanto, han comunicado medidas dispares. Codelco informó ajustes en monitoreo sísmico, actualización de estándares frente a estallidos y caída de roca, refuerzo de evacuaciones y capacitación tras el accidente de julio de 2025 en El Teniente, que dejó seis fallecidos. Sin embargo, tras el alud de octubre de 2026, su comunicación oficial se concentró en condolencias y colaboración con la investigación, sin anunciar un nuevo programa extraordinario de prevención. El Consejo Minero, que representa a los grandes productores, reconoció la gravedad de los hechos a través de su gerente general, Carlos Urenda, y la necesidad de fortalecer la prevención, pero su declaración del 16 de octubre tampoco presentó un programa conjunto con presupuestos, responsables e hitos comprobables.
Impacto en la comunidad minera y desafíos pendientes
La diferencia de alcance entre las decisiones del Gobierno y las declaraciones de las empresas plantea interrogantes sobre la efectividad de las medidas preventivas. Si bien no se puede afirmar que las mineras permanezcan inactivas, la falta de visibilidad de sus planes extraordinarios genera preocupación en un sector donde la responsabilidad preventiva debe abarcar toda la cadena operacional. Las cifras de fiscalización, aunque importantes, no sustituyen la obligación permanente de identificar riesgos críticos, detener tareas inseguras y comprobar que las medidas correctivas funcionen. La advertencia se extiende también a la minería argentina y a las operaciones de cordillera, expuestas a fenómenos meteorológicos extremos y tareas complejas.
El aumento de las inspecciones a 13.000 anuales para 2027 y la cobertura del 50% de las faenas representan un avance significativo en la fiscalización estatal, pero la comunidad minera y los trabajadores esperan que las empresas asuman un rol protagónico en la prevención. La seguridad laboral en la minería chilena requiere un esfuerzo conjunto y verificable, con medidas concretas que demuestren resultados antes de que ocurra un accidente. El desafío pendiente es conocer cuáles son esas decisiones internas, quiénes las ejecutan, cuánto se invierte y cómo se verifica su eficacia, para así evitar que tragedias como las ocurridas en 2026 se repitan.
