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El gobierno de Chile anunció un presupuesto seguridad minera incrementado en 2026, destinado a reforzar la fiscalización y la prevención tras los 13 fallecimientos de trabajadores mineros registrados este año.
Los incidentes mortales, siete de los cuales ocurrieron desde el 23 de septiembre, reavivaron el debate sobre la insuficiencia de los recursos destinados a la seguridad en los yacimientos. La minería, que aporta alrededor del 13 % del PIB nacional, exige medidas preventivas robustas para proteger a la fuerza laboral y mantener la competitividad del sector.
Detalles del nuevo presupuesto seguridad minera
En el encuentro liderado por el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, junto a representantes de trabajadores, empresas y mutualidades, se confirmó que los fondos se asignarán a la contratación de más fiscalizadores, la adquisición de tecnología de monitoreo en tiempo real y la ampliación de equipos de inspección en zonas de alta vulnerabilidad.
El Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) informó que el relanzamiento de las 21 reglas de seguridad minera incluirá inspecciones más rigurosas y sanciones que pueden llegar al cierre temporal de operaciones en caso de incumplimiento. Según el organismo, la inversión permitirá cubrir más de 150 inspecciones adicionales al año y dotar a los equipos de detección de gases de última generación.
Proyecciones e impacto en la industria minera
Con este presupuesto seguridad minera, se espera una reducción significativa de accidentes laborales en los próximos años, especialmente en las regiones con mayor actividad extractiva como Antofagasta y Atacama. Los sindicatos han recibido la medida con cautela, señalando que la efectividad dependerá de la aplicación estricta de las nuevas normas.
El Ejecutivo ha fijado como meta una disminución del 30 % en la tasa de fatalidades para 2028, objetivo que será monitoreado por el Sernageomin y reportado al Congreso. La medida también busca restaurar la confianza de la comunidad y de los inversionistas, garantizando que la actividad minera continúe siendo un motor económico sin comprometer la vida de sus trabajadores.
