El debate en torno a la sala cuna universal ha vuelto a instalarse con fuerza en el centro de la agenda legislativa nacional, luego de que el Gobierno decidiera renovar la urgencia constitucional para acelerar su tramitación en el Congreso. La iniciativa busca modificar profundamente una normativa histórica que, durante décadas, ha condicionado el acceso a este derecho fundamental al tamaño de las empresas y al género de los trabajadores, generando profundas brechas en la inserción laboral y el cuidado infantil en todo el país, incluyendo a las familias de la Región de Atacama.
La tramitación ha estado marcada por años de intensas negociaciones y diferencias políticas entre distintas administraciones. Mientras los gobiernos pasan y los proyectos avanzan con extrema lentitud, padres y madres deben lidiar con una realidad cotidiana compleja y costosa. Históricamente, el Código del Trabajo ha establecido que toda empresa con veinte o más trabajadoras mujeres debe costear el beneficio, dejando completamente al margen a las compañías con plantillas menores y desvinculando la responsabilidad directa de los padres varones, a menos que existan sentencias judiciales o circunstancias familiares de extrema gravedad.
Un nuevo modelo de financiamiento y cobertura
En las últimas semanas, la discusión experimentó un hito relevante tras aprobarse una fórmula técnica que contempla destinar el 0,3% de las remuneraciones al financiamiento del sistema, mediante ajustes específicos en las cotizaciones asociadas al Seguro de Cesantía. Este mecanismo pretende diluir el costo directo sobre la contratación femenina, principal argumento esgrimido históricamente por los gremios empresariales para justificar los resguardos en la contratación de mujeres en edad fértil.
A pesar de estos avances normativos, el texto legal aún debe sortear importantes vallas institucionales, especialmente su paso por la Comisión de Hacienda y las sucesivas votaciones en sala. La propuesta persigue no solo universalizar el acceso a salas cuna y jardines infantiles, sino también equiparar las condiciones para que la responsabilidad parental sea ejercida de manera compartida, facilitando que la fuerza laboral femenina aumente su participación sin el temor constante de descuidar el bienestar y la educación inicial de sus hijos.
Desafíos pendientes y el impacto en las familias
Mientras los parlamentarios y representantes del Ejecutivo continúan afinando los detalles económicos del articulado, millones de hogares en el territorio nacional siguen resolviendo el problema de manera particular. La falta de una cobertura estatal universal obliga a las familias a depender de redes de apoyo familiares, a asumir elevados costos en recintos privados o a postergar indefinidamente el retorno de madres y padres al mercado laboral formal, afectando la economía doméstica y las proyecciones de desarrollo profesional.
Se espera que durante las próximas semanas el debate parlamentario cobre mayor intensidad con la incorporación de indicaciones transversales. El objetivo final sigue siendo transformar en ley una política pública largamente anhelada, capaz de dotar de mayor equidad social al sistema laboral chileno y garantizar una cobertura universal efectiva para la primera infancia antes del fin del actual periodo legislativo.
















