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La red de protección municipal en Mística Copiapó ha generado controversia tras denuncias de vecinos, empresarios y residentes de la salida norte de la capital regional. La carta masiva, enviada a instituciones públicas, acusa al representante legal del local, Cesar Carrasco Gómez, de la empresa Comercial Norte SPA, de posibles infracciones graves a la normativa vigente, según el oficio n.º 91417.
El contexto de la denuncia se centra en una serie de presuntas irregularidades: ingresos de menores de edad, falta de señalética visible, problemas sanitarios y de seguridad, venta de drogas y alcohol a menores, y modificaciones temporales del acceso al recinto. Estas acusaciones reflejan una preocupación creciente por la normativa de funcionamiento de los locales nocturnos en la Región de Atacama.
Denuncia y presunta red de protección municipal
Los denunciantes, bajo reserva de identidad, afirman que existe una red de protección de funcionarios municipales de la administración Cicardini para evitar fiscalizaciones y sanciones. “Quiero expresar que hoy tengo miedo por mi seguridad y la de quienes participaron en esta denuncia, debido a que existen antecedentes que nos hacen sospechar que nuestra identidad fue filtrada desde la Municipalidad de Copiapó”, declaró uno de los denunciantes. Asimismo, se menciona la falta de respuesta por parte de la Delegación Presidencial, Seguridad Pública y el jefe de Patentes, Pedro Colman.
Según los denunciantes, se poseen registros de audio y mensajes que evidencian una posible red de protección municipal. “El dueño de una de las empresas mencionadas afirma tener respaldo y señala que le informan de todo lo que ocurre al interior de la Municipalidad de Copiapó”, afirman. La comunidad exige una investigación penal para determinar responsabilidades y esclarecer las filtraciones de identidad.
Perspectivas y posibles repercusiones
El caso plantea interrogantes sobre la integridad de los procesos de fiscalización en la Región de Atacama y la posible influencia de funcionarios municipales en la operación de establecimientos nocturnos. Si se confirma la existencia de una red de protección, las repercusiones podrían incluir sanciones administrativas, investigaciones penales y un debate público sobre la transparencia en la gestión municipal.
