La caída del Fondo E AFP mantiene en curso diversas vías de reclamación judicial y administrativa por parte de afiliados que buscan respuestas frente a la disminución de sus ahorros previsionales, en un proceso que ya suma recursos de protección, una investigación de la Superintendencia de Pensiones y el análisis de eventuales acciones colectivas por parte de organizaciones de consumidores. El hecho ha generado preocupación entre trabajadores de todo el país, incluidos afiliados de la Región de Atacama y de la Provincia del Huasco, quienes siguen con atención el desarrollo de los procedimientos y las definiciones que adopten los tribunales y el organismo fiscalizador.
El Fondo E corresponde al perfil más conservador del sistema de pensiones chileno y concentra tradicionalmente a afiliados próximos a la edad de jubilación o con menor tolerancia al riesgo, por lo que una caída de sus ahorros tiene un impacto directo en las expectativas de pensión y en la confianza en la administración de los fondos. En este contexto, hasta ahora se han presentado al menos cuatro recursos de protección contra las administradoras Capital, UNO, Habitat y Modelo. Uno de ellos, dirigido contra Capital, fue declarado inadmisible por la Corte de Santiago, mientras las demás acciones siguen en revisión y existe la posibilidad de que el tema llegue posteriormente a la Corte Suprema, instancia que podría fijar criterios relevantes para casos similares.
Recursos judiciales y fiscalización por el Fondo E AFP
La abogada y académica de la Universidad de Chile, Pamela Martínez, indicó que los recursos de protección no serían el mecanismo adecuado para solicitar compensaciones económicas, ya que su finalidad principal es cautelar derechos fundamentales y no necesariamente obtener indemnizaciones. En cambio, planteó que los afectados podrían recurrir a tribunales civiles si se comprueba que hubo irregularidades en la administración de los ahorros, debiendo acreditar los hechos y el perjuicio sufrido. Martínez también instó a los afiliados a coordinarse y reunir antecedentes para impulsar eventuales demandas, advirtiendo que la solidez de cualquier acción dependerá de la evidencia que se pueda reunir sobre las decisiones de inversión y su ajuste a la normativa vigente.
Sobre la posibilidad de utilizar la Ley del Consumidor, la académica sostuvo que es una alternativa que puede evaluarse, aunque existen dudas sobre si los afiliados tienen esa calidad frente a las administradoras en el marco de su relación previsional. Esa discusión jurídica es clave, porque de ella depende la eventual intervención de organismos como el Servicio Nacional del Consumidor. Por ahora, no se conoce una demanda colectiva del SERNAC por este caso, y una eventual participación del organismo dependería de que se determine si corresponde aplicar la Ley del Consumidor a la relación entre afiliados y administradoras. En paralelo, el presidente de Conadecus, Hernán Calderón, señaló que la organización analiza las opciones legales y una eventual acción colectiva, pero todavía no resuelve si presentará una demanda.
- Cuatro recursos de protección presentados contra AFP Capital, UNO, Habitat y Modelo.
- Un recurso inadmisible contra Capital, resuelto por la Corte de Santiago.
- Siete administradoras investigadas por la Superintendencia de Pensiones.
- Sin responsabilidades ni sanciones determinadas hasta el momento.
Impacto para afiliados y próximos pasos
A las acciones judiciales se suma una investigación de la Superintendencia de Pensiones a siete administradoras, que busca establecer si las decisiones de inversión se ajustaron a la normativa. Por ahora, no se han determinado responsabilidades ni aplicado sanciones, por lo que el procedimiento se encuentra en una etapa de análisis. Calderón precisó que la decisión de Conadecus dependerá de los antecedentes que surjan de esa investigación, ya que ellos permitirán evaluar si existen elementos suficientes para una acción colectiva. Mientras tanto, la organización ofrece en su sitio web un modelo de recurso de protección para quienes quieran presentar acciones individuales, lo que refleja la diversidad de estrategias que están adoptando los afiliados según su situación particular.
Para los afiliados de regiones como Atacama, donde el empleo y la actividad minera y agrícola mantienen una alta proporción de cotizantes, la evolución de este caso es seguida con especial atención, dado que cualquier definición judicial o administrativa puede sentar precedentes para futuras reclamaciones. Mientras se define el futuro de las reclamaciones vinculadas al Fondo E AFP, los afiliados mantienen abiertas las vías de reclamación individual y colectiva, a la espera de los resultados de la investigación de la Superintendencia y de las resoluciones que adopten los tribunales en los recursos que siguen en revisión.
