La controversia en torno a los servicios jurídicos prestados en asentamientos irregulares quedó al descubierto tras revelarse que una abogada cobró doce millones de pesos a familias del campamento Nuevo Amanecer en Cerrillos para frenar un desalojo. La defensora, identificada como Bárbara Carrasco Muñoz, pactó dichos honorarios con siete dirigentes que representan a más de mil cien personas en la región Metropolitana, logrando percibir un primer pago de seis millones reunidos directamente por los propios residentes en medio de su extrema vulnerabilidad socioeconómica.
El campamento Nuevo Amanecer, ubicado junto a la Ruta 78, se ha consolidado como uno de los asentamientos precarios más extensos de la zona central del país, albergando a cientos de familias inmigrantes y menores de edad. En este contexto de alta complejidad habitacional, la abogada estructuró una propuesta de trabajo bajo argumentos profesionales y de fe, comprometiendo gestiones judiciales, catastros y la presunta existencia de un plan de relocalización estatal que posteriormente el Ministerio de Vivienda y Urbanismo descartó que estuviera oficialmente aprobado.
Acciones judiciales y el inicio de los desalojos en la Región Metropolitana
A pesar de los recursos de protección presentados y las gestiones realizadas ante diversos organismos públicos, la estrategia legal no logró impedir el procedimiento de fuerza. La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó las solicitudes de órdenes de no innovar solicitadas por la defensa, lo que derivó en que las autoridades concretaran el desalojo parcial de los primeros sectores del campamento durante el pasado mes de noviembre de 2026, manteniendo la causa abierta en los tribunales superiores de justicia.
Del total de los honorarios fijados, un setenta por ciento fue destinado a los servicios jurídicos propiamente tales, mientras que el porcentaje restante cubría labores de acompañamiento social a cargo de una trabajadora social. Tras el fracaso de las medidas precautorias iniciales y el avance de la fuerza pública, las condiciones de pago del saldo pendiente fueron modificadas, acordando los dirigentes diferir la cancelación restante hasta obtener un pronunciamiento judicial favorable que ordene una solución habitacional definitiva.
Implicancias sociales y proyecciones del conflicto habitacional
El caso abrió un profundo debate ético y jurídico en torno a la asesoría legal a comunidades vulnerables y los costos asociados a la representación en megatomas. Mientras el litigio continúa su curso en tribunales y se evalúan futuras acciones ante la Corte Suprema, las familias damnificadas enfrentan un futuro incierto ante la falta de una alternativa habitacional concreta por parte del Estado, evidenciando las complejas aristas sociales que giran en torno a la crisis de asentamientos irregulares en el país.
