La Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Coyhaique desestimó la demanda interpuesta por el Banco de Crédito e Inversiones (BCI) contra un cliente que denunció transferencias fraudulentas por 2.614.600 pesos. El tribunal confirmó el fallo del Juzgado de Policía Local de Puerto Cisnes y sostuvo que el banco no logró acreditar que el usuario incurrió en conductas dolosas o graves al manejar sus claves y mecanismos de autenticación.
Según la resolución adoptada de manera unánime, el BCI pretendía responsabilizar al cliente por las operaciones cuestionadas, alegando que habría permitido concretar las transacciones. Sin embargo, el tribunal consideró que el informe de fraude presentado por la entidad no era suficiente para demostrar que las transferencias se hubieran realizado mediante autenticación reforzada con factor de inherencia, como BCIpass.
Antecedentes judiciales y antecedentes legales
Entre los antecedentes analizados por la Primera Sala, el tribunal destacó que el cliente declaró ante Carabineros que recibió instrucciones telefónicas, a través de su pareja, para aceptar mensajes de autorización. En ningún momento, sin embargo, reconoció haber entregado sus claves o dígitos de BCIpass a terceros. La corte también observó que las pruebas aportadas no permitían establecer que el usuario hubiera reconocido entregar voluntariamente sus credenciales bancarias, consciente de que podrían usarse para giros o transacciones.
Para el tribunal, dichas circunstancias eran determinantes para descartar la responsabilidad del usuario, de acuerdo con lo establecido por la Ley N° 20.009, la norma que regula las instituciones financieras y sus obligaciones de seguridad en Chile.
Declaraciones del tribunal y contexto financiero nacional
El fallo deja en evidencia una tensión recurrente entre bancos y clientes en el marco de delitos de peculado bancario. Mientras las entidades buscan protegerse ante eventuales reclamos, los tribunales han ido endureciendo el estándar de prueba para que las instituciones acrediten conductas dolosas en el manejo de credenciales. Este precedente puede incidir en futuras demandas por fraude financiero en el sector, donde el cliente debe demostrar que no autorizó voluntariamente las transacciones.
A su vez, la resolución refuerza la protección del consumidor frente a posiciones excesivamente restrictivas de las entidades financieras, al remarcar que, si el banco no acredita la conducta ilícita del usuario, asume las consecuencias de las operaciones fraudulentas. Esto representa un paso relevante en la evolución jurisprudencial del fuero penal económico en el sur peninsular, donde la Corte de Apelaciones de Coyhaique ostenta competencia principal.
Impacto en el sector y próximas etapas
Este pronunciamiento judicial puede tener implicancias directas para la industria financiera chilena, ya que modifica la expectativa de responsabilidad del banco en casos de fraude detectado por el propio cliente. Las instituciones deberán revisar sus procesos de verificación de identidad y sus protocolos de reclamo para ajustarse a los estándares probatorios exigidos por la corte. Asimismo, los clientes mantienen su derecho a denunciar transferencias no autorizadas sin que ello genere responsabilidad penal, siempre que las pruebas no acrediten conducta dolosa activa.
Por su parte, el cliente beneficiado podrá exigir la restitución de los 2.614.600 pesos fraudulentamente transferidos, asumiendo el banco el rol de damnificado en esta instancia de alzada. Este caso deja un precedente claro en el fuero penal económico vigente en la Región de Aysén, reforzando la separación de responsabilidades entre entidad financiera y usuario en materia de fraude bancario.
