A casi cuatro años de la entrada en vigencia de la Ley Antonia, el Ministerio Público ha logrado tres condenas por el delito de suicidio femicida, tipificado en el artículo 390 sexies del Código Penal. Dos de estos casos ocurrieron en la Región de Atacama, específicamente en las comunas de Copiapó y Caldera, durante 2023, mientras que el tercero se registró en la comuna de La Florida, en la Región Metropolitana, el 8 de marzo de 2024, Día Internacional de la Mujer. Las tres sentencias se dictaron en procedimientos abreviados y los imputados fueron hombres que mantenían una relación de pareja con las víctimas.
La Ley Antonia, promulgada el 31 de agosto de 2022 como la Ley 21.523, surgió a raíz del caso de Antonia Barra, una joven de 21 años que se quitó la vida en Temuco el 13 de octubre de 2019, días después de haber sido agredida sexualmente por Martín Pradenas, quien posteriormente fue condenado a 17 años de prisión por siete delitos sexuales. En ese entonces, el Código Penal chileno no contemplaba figura alguna que sancionara el suicidio como consecuencia de violencia de género, lo que impulsó un proyecto transversal denominado «Justicia para Antonia». La normativa creó el artículo 390 sexies e introdujo modificaciones en materia de inducción al suicidio, ampliación de la prescripción en delitos sexuales contra mayores de 10 años y medidas de protección para las víctimas y sus familias.
Ley Antonia: complejidad probatoria del suicidio femicida
A pesar de los avances legislativos, la aplicación del delito ha enfrentado obstáculos probatorios significativos. La abogada y profesora de derecho de la Universidad Católica, María Elena Santibáñez, explicó que «se trata de un delito difícil de acreditar y que ha sido objeto además de bastante debate doctrinario». Según la experta en delitos sexuales, «la dificultad principal tiene que ver con la imputación subjetiva del delito al autor, así la discusión principal se asocia a si el vínculo admite también hipótesis culposas en el autor. Pero algún vínculo de esa naturaleza debe ser probado».
Por su parte, la abogada penalista Joanna Heskia valoró el impacto más amplio de la normativa: «La Ley Antonia, más allá de ese delito particular que es de difícil investigación, trajo aparejada una mucho mejor comprensión del fenómeno de la violencia de género». En esa línea, agregó que «las causas, los mecanismos de la violencia y también las consecuencias de la violencia de género, tanto personales como los impactos que produce el sistema de persecución penal. Entonces, en ese sentido, la Ley Antonia fue un avance porque ha permitido visibilizar este fenómeno que era desconocido e invisibilizado».
Desde la Unidad de Género de la Fiscalía Nacional destacaron que «el suicidio femicida es un delito complejo y representa una de las manifestaciones más extremas de violencia de género, por lo que su investigación y persecución resulta prioritaria para la Fiscalía». Asimismo, valoraron que «ya existan sentencias condenatorias por este delito, donde la justicia reconoce que la violencia previa ha sido determinante en la decisión de las víctimas».
Región de Atacama: dos condenas marcan precedentes locales
En la Región de Atacama, los dos casos de suicidio femicida juzgados en 2023 culminaron con sentencias condenatorias. El primero, ocurrido en Copiapó, estableció la existencia de violencia física en la relación y derivó en una pena de 5 años de presidio. El segundo, en Caldera, concluyó con una condena de 3 años. Ambos procesos se resolvieron mediante procedimientos abreviados y tuvieron como denominador común que las víctimas y victimarios eran parejas con una edad promedio de 40 años. Estas sentencias representan un precedente relevante para la persecución penal de la violencia de género extrema en el territorio atacameño.
Las cifras del Ministerio Público reflejan una tendencia sostenida en las denuncias asociadas a la Ley Antonia. En 2023 ingresaron 25 denuncias; en 2024, otras 25; en 2025, 26; y en lo que va de 2026 se han registrado 29 ingresos. No obstante, desde el organismo precisaron que no todos corresponden al delito de suicidio femicida, ya que la ley también contempla otras figuras penales. De los casos de este año, 17 tienen imputado conocido y 12 presentan imputado desconocido, lo que evidencia los desafíos investigativos que persisten.
El caso de La Florida, ocurrido el 8 de marzo de 2024, ilustra la complejidad de estas causas. Una mujer de 33 años se quitó la vida tras caer desde un piso 10, y el fiscal Ricardo Jara señaló en su momento que «efectivamente esta situación de maltrato era sostenida en el tiempo. La víctima en muchas ocasiones no denunciaba el hecho, pero se cuenta con algunos testimonios de vecinos que darían cuenta que efectivamente la situación de maltrato ya llevaba cierto tiempo ocurriendo». La pareja de la víctima fue detenida al día siguiente y quedó en prisión preventiva.
A cuatro años de su promulgación, la Ley Antonia no solo ha permitido condenas inéditas en Chile, sino que también ha instalado en la agenda pública la necesidad de abordar la violencia de género desde una perspectiva integral. Si bien las cifras de condenas son acotadas, desde la Fiscalía subrayan que sin la normativa estos casos habrían quedado impunes. El desafío pendiente radica en fortalecer los mecanismos de prueba del nexo causal y en garantizar una respuesta oportuna del sistema de justicia para las víctimas de violencia extrema en todo el país, incluyendo la Región de Atacama.
