La reciente contratación de Rodrigo Orellana Flores como asesor del gabinete del ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, ha encendido las alarmas en el ámbito político y de derechos humanos. Orellana Flores es hijo de Juan Carlos Orellana Morales, un exagente de la Central Nacional de Informaciones (CNI) condenado por el secuestro calificado de cinco militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) en 1987, uno de los casos más emblemáticos de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar. El nombramiento, publicado en la página de transparencia activa del ministerio, se realizó invocando el artículo 13 del decreto ley N° 1.608 de 1976, una norma que permite contratar a personas sin título profesional en cargos de exclusiva confianza del Presidente de la República.
El vínculo entre la familia Orellana y el presidente José Antonio Kast no es nuevo. Rodrigo Orellana Flores trabajó codo a codo con Kast en diversas campañas políticas, incluida la presidencial de 2017. En ese entonces, el actual Mandatario visitó a Juan Carlos Orellana Morales en el Centro de Cumplimiento Penitenciario Colina I, donde cumplía condena por el secuestro de los cinco frentistas. En esa ocasión, Kast prometió trasladar a los exuniformados condenados por crímenes de lesa humanidad a Punta Peuco y promulgó una ley para conmutar penas a presos con enfermedades terminales. La relación se remonta a la campaña de 2017, cuando Orellana Morales llevaba poco tiempo en prisión tras haber estado prófugo de la justicia.
El caso de los cinco del 87 y las rebajas de condena
El caso que involucra a Juan Carlos Orellana Morales se remonta a septiembre de 1987, cuando cinco militantes del FPMR fueron secuestrados, torturados y posteriormente asesinados. Sus cuerpos fueron arrojados al mar desde un helicóptero del Ejército, amarrados a durmientes de tren, en un operativo que se desarrolló entre el cuartel Borgoño de la CNI y la costa de Quintay. Orellana Morales, conocido como “El sopa de letras” o “Sándwich”, fue condenado a 10 años y un día como autor del secuestro calificado de Julián Peña Maltés. Falleció en 2022 sin obtener los beneficios que Kast había prometido en 2017.
Sin embargo, la controversia no solo rodea la contratación de su hijo, sino también los intentos de tres exagentes de la CNI condenados en el mismo caso por obtener rebajas de condena. Se trata de César Luis Acuña Luengo, Heraldo Velozo Gallegos y Patricio González Cortez, quienes buscaron acogerse a la Ley 19.856. Según informó El Mostrador, el exsubsecretario de Justicia, Luis Silva, interpretó que los condenados cumplían las condiciones para la rebaja, aunque los tribunales rechazaron las solicitudes en dos de los casos. En el caso de González Cortez, Silva insistió ante la Corte Suprema tras el rechazo de un recurso de amparo, lo que generó cuestionamientos sobre la coherencia del Ministerio de Justicia.
Remuneración y críticas a la designación
La contratación de Rodrigo Orellana Flores como asesor del Minvu contempla un sueldo de $3.434.918 más una bonificación de incentivos de $600 mil pesos, alcanzando una remuneración mensual superior a los 4 millones de pesos. El artículo 13 del decreto ley 1.608 permite estas excepciones a las reglas de tope de renta en la administración pública, bajo el criterio de que el funcionario sea un experto “altamente calificado” y cuente con la “exclusiva confianza del Presidente de la República”. Sin embargo, en el ítem de calificación profesional, Orellana Flores aparece sin un título que avale el cargo, solo con “experiencia en labores de asesoría”.
La designación ha provocado reacciones encontradas. Organizaciones de derechos humanos y familiares de las víctimas han expresado su rechazo, señalando que la contratación de una persona vinculada a un condenado por crímenes de lesa humanidad constituye una señal preocupante en materia de justicia y memoria. Asimismo, se cuestiona el uso de una norma de la dictadura para nombrar cargos de confianza, lo que podría interpretarse como un intento de eludir los requisitos de idoneidad profesional. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo no ha emitido declaraciones públicas sobre el caso.
El debate se enmarca en un contexto más amplio de tensiones por las políticas de derechos humanos y la influencia de excolaboradores de la dictadura en el actual gobierno. La figura de Rodrigo Orellana Flores como asesor del ministro Poduje no solo reaviva el caso de los cinco del 87, sino que también pone en entredicho los criterios de selección de personal en la administración pública. Mientras tanto, las familias de las víctimas continúan a la espera de que la Corte Suprema se pronuncie sobre los recursos de amparo presentados para revertir las rebajas de condena, en un proceso que podría sentar precedentes sobre la aplicación de la Ley 19.856.
