El subsecretario de Justicia, Luis Silva, defendió la procedencia de rebajas de condena para dos exagentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) condenados por cinco secuestros, pese a que sus solicitudes habían sido rechazadas durante el gobierno anterior y esas decisiones fueron ratificadas por la Corte Suprema. La controversia por las rebajas de penas a exagentes de la CNI volvió al centro del debate luego de que se conociera un segundo informe favorable a otro exintegrante del organismo represivo, sumándose al caso revelado el 7 de octubre por El Mostrador respecto de Patricio González Cortez.
Los antecedentes se remontan a las solicitudes de reducción de condena presentadas por los exagentes, que fueron rechazadas mediante decretos del 24 de septiembre de 2025. Ambos recurrieron a la justicia, pero sus acciones de amparo fueron desestimadas y la Corte Suprema confirmó esas resoluciones el 2 de diciembre del mismo año. A pesar de ello, Silva remitió informes a la Corte de Apelaciones de Santiago sosteniendo que correspondía otorgar las reducciones, argumentando que los condenados cumplían los requisitos de la Ley 19.856 y que no existían causales legales para excluirlos.
El criterio de Silva y los cuestionamientos por las rebajas de penas a exagentes de la CNI
En ambos informes, el subsecretario sostuvo que “esta Subsecretaría estima que el beneficio de reducción de condena solicitado debió haberse otorgado”. Asimismo, afirmó que “la gravedad del delito, la naturaleza del bien jurídico afectado o la consideración de la entidad de la pena impuesta no constituyen causales autónomas de exclusión del beneficio”. Con ese argumento, respaldó la solicitud de González Cortez, quien, de aplicarse la reducción de 19 meses por buena conducta en Colina 1, habría cumplido su condena en septiembre de 2025.
El abogado querellante Francisco Bustos cuestionó la posición del subsecretario, advirtiendo que significaría otorgar una medida que podría conducir a la impunidad. Recordó que González Cortez nunca colaboró para encontrar los cuerpos de las víctimas. En tanto, el entonces ministro de Justicia, Jaime Gajardo, había rechazado el beneficio en 2025 argumentando que el condenado no había colaborado con el esclarecimiento de los crímenes, conforme a los criterios del Estatuto de Roma.
Proyecciones del caso y su impacto en la búsqueda de verdad y justicia
La misma interpretación fue utilizada para beneficiar a César Luis Acuña Luengo, otro exagente de la CNI condenado por los cinco secuestros. En mayo de este año recibió una rebaja de 19 meses mediante un decreto firmado por el subsecretario Pablo Mira, actuando como ministro subrogante, después de que Silva respaldara la procedencia del beneficio. Los tres exagentes fueron condenados por los secuestros de Julián Peña Maltés, Alejandro Pinochet Arenas, Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo Fuenzalida Navarrete y Julio Muñoz Otárola, detenidos en septiembre de 1987 y arrojados al mar frente a Quintay, sin que sus restos hayan sido recuperados.
La controversia se suma a los cuestionamientos que enfrenta el Ministerio de Justicia por las reducciones de penas a condenados por violaciones a los derechos humanos y delitos sexuales contra menores de edad, mientras familiares de las víctimas buscan revertir judicialmente el beneficio concedido a Acuña. El caso ha generado preocupación en organizaciones de derechos humanos y en sectores políticos, que advierten sobre el riesgo de impunidad en delitos de lesa humanidad. Se espera que en las próximas semanas la Corte de Apelaciones de Santiago se pronuncie sobre los informes remitidos por Silva, en un contexto de creciente escrutinio público sobre las decisiones del Ministerio de Justicia en esta materia.
