La Cámara de Diputados fue el escenario de un profundo enfrentamiento político durante una sesión especial celebrada este miércoles para fiscalizar y debatir en torno a las 56 rebajas de condena otorgadas a sentenciados por delitos sexuales contra menores, resolución que dejó en absoluta libertad a los beneficiados. En dicha instancia, que contó con la presencia del ministro de Justicia, Fernando Rabat, las intervenciones de los legisladores estuvieron cargadas de reproches cruzados y cuestionamientos sobre la responsabilidad institucional frente a estos graves hechos que han sacudido a la opinión pública nacional y a la institucionalidad del país.
El contexto de la discusión responde a la profunda indignación generada en la ciudadanía chilena tras conocerse las decisiones judiciales y administrativas que permitieron la liberación de condenados por delitos de alta connotación social. Durante la sesión especial, el ministro de Justicia debió enfrentar los cuestionamientos de los distintos comités parlamentarios, quienes exigieron explicaciones y responsabilidades políticas en un tema tan sensible para la protección de la infancia y la adolescencia en Chile, un asunto que ha movilizado a organizaciones sociales y autoridades de todo el espectro político.
El duro discurso de Javier Olivares y la respuesta en el hemiciclo
La tensión en el hemiciclo escaló de manera significativa cuando intervino el diputado del Partido de la Gente (PDG) y periodista, Javier Olivares, quien lanzó duros dardos contra sus colegas de sala. El parlamentario acusó a sectores políticos de utilizar la tragedia de las víctimas como un botín electoral. «Hoy nuestra patria se ve remecida por una mala decisión política que el señor ministro aquí presente vino a explicar ante esta Cámara», señaló Olivares, agregando con dureza que «Chile está como está precisamente, y me van a escuchar bien fuerte, por culpa de políticos como ellos, ocupando un escaño, cobrando dietas millonarias y no haciendo absolutamente nada».
Las palabras del legislador provocaron inmediatas reacciones en el plenario, siendo la diputada Marisela Santibáñez una de las más enfáticas en responder a los cuestionamientos. Visiblemente molesta por la generalización y aludiendo a su trayectoria legislativa, Santibáñez frenó en seco a su colega. «Aquí está una de las personas que denunció la violación masiva de Cobreloa. Yo llevo nueve años (en la Cámara). Yo no le voy a permitir a una persona que viene llegando a decir que no hemos hecho nada, porque sí se ha hecho», replicó la parlamentaria, recordando además las iniciativas impulsadas desde el Congreso en materia de protección a menores y defensa de las víctimas.
Implicancias legislativas y el debate sobre la protección a la infancia
El incidente ocurrido en la Corporación refleja el complejo clima político que se vive en el poder legislativo ante crisis de seguridad y justicia que movilizan al país. La discusión sobre las atribuciones de los poderes del Estado y la efectividad de las leyes vigentes para sancionar los delitos sexuales contra menores continúa abierta, exigiendo por parte de los parlamentarios un debate con altura de miras que supere las disputas personales y se centre en resguardar los derechos de la infancia en todo el territorio nacional.
En tanto, desde el Ejecutivo y las distintas bancadas se anunciaron nuevas coordinaciones para revisar los vacíos normativos que permitieron estas liberaciones, mientras la ciudadanía y diversas organizaciones civiles se mantendrán vigilantes ante el trabajo legislativo que se desarrolle en las próximas semanas en el Congreso Nacional en pro de la justicia y la protección efectiva de los niños, niñas y adolescentes.
