El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, protagonizó dos marcadas controversias durante su intervención en el Encuentro Nacional de la Empresa (Enade), un escenario clave donde abordó la contingencia económica y legislativa del país. En su exposición, el jefe de las finanzas públicas cuestionó duramente que diversos parlamentarios hayan recurrido al Tribunal Constitucional (TC) para frenar modificaciones a las normas de construcción, advirtiendo que esta acción judicial dilata la esperada reactivación del sector. Asimismo, el secretario de Estado reveló que solicitó una audiencia protocolar con la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, para abordar los retrasos en los fallos de los tribunales ambientales y ofrecer recursos destinados a agilizar la administración de justicia.
La primera de las disputas se originó a raíz del decreto impulsado por el Ejecutivo que modifica la Ordenanza de Urbanismo y Construcciones, normativa diseñada con el propósito de facilitar el desarrollo de nuevos proyectos habitacionales en el país. Sin embargo, dicha medida enfrentó una férrea oposición por parte de diputados, alcaldes y el gobernador de la región Metropolitana, Claudio Orrego, quienes decidieron impugnarla ante el TC al advertir posibles riesgos para la correcta planificación urbana y la autonomía de los gobiernos locales. Ante este escenario, el ministro Quiroz sostuvo que la arremetida legal postergará los efectos de la reactivación de la construcción —estimada inicialmente para el mes de noviembre— hasta diciembre.
Cuestionamientos al uso del Tribunal Constitucional
Si bien el titular de Hacienda reconoció el respeto que el Gobierno profesa hacia las instituciones de la República, cuestionó con firmeza que se recurra de manera habitual al organismo jurisdiccional como mecanismo para dirimir discrepancias políticas o legislativas. Durante su intervención ante los empresarios reunidos en Enade, la autoridad enfatizó que este tipo de acciones tensionan la institucionalidad democrática del país. «No cualquier discrepancia o política pública puede ser llevada a esta sede, porque si vamos a empezar a llevar cualquier nueva decisión a la sede del Tribunal Constitucional, lo que vamos a hacer es traumatizar nuestra vida pública y tensionar una institución que tiene un rol tremendamente importante», expresó Quiroz ante el plenario.
La segunda polémica se desató cuando el secretario de Estado confirmó que, semanas atrás, sostuvo un encuentro privado con la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich. El propósito de la cita era manifestar la preocupación del Ejecutivo por las sentencias pendientes que acumulan los tres tribunales ambientales del país, los cuales presentan meses de rezago en sus dictámenes. En dicha instancia, Quiroz ofreció inyectar recursos económicos adicionales para optimizar los tiempos de respuesta del sistema judicial. Por su parte, la ministra Chevesich validó la realización de la reunión —en la que también participaron la ministra del Medio Ambiente y una magistrada visitadora—, explicando que las instancias ambientales han operado durante extensos periodos sin completar su dotación oficial de personal.
Presupuesto judicial y desafíos institucionales
La máxima autoridad del Poder Judicial complementó los dichos de Hacienda y aclaró que durante el encuentro le recalcó al ministro la insuficiencia de los fondos asignados para enfrentar el constante incremento en la carga laboral de los tribunales ordinarios del país. Chevesich puntualizó que el presupuesto vigente resulta exiguo para cubrir las necesidades operativas y de personal que demanda el sistema de justicia. Ambas autoridades acordaron mantener abiertas las vías de diálogo técnico para revisar nuevamente la asignación de recursos y coordinar soluciones eficaces que permitan destrabar tanto las causas ambientales como las de la justicia ordinaria en el corto plazo.
