La primera ley minera del gobierno completó este miércoles 28 de octubre su tramitación en el Congreso Nacional, tras ser despachada por la Cámara de Diputadas y Diputados, un hito legislativo que de inmediato dejó al descubierto profundas diferencias gremiales sobre el futuro de las concesiones mineras en el país. Mientras el Ejecutivo celebró la normativa como una respuesta concreta a las demandas de los productores de menor escala, la Agrupación Nacional de la Pequeña y Mediana Minería y de Dueños de Concesiones Mineras (Agrumin) advirtió riesgos significativos para la conservación de la propiedad minera y cuestionó el proceso legislativo.
La controversia se intensificó luego de que la Cámara Baja aprobara las modificaciones provenientes del Senado sin acoger la solicitud de Agrumin, la cual exigía rechazar los cambios para abrir una comisión mixta que permitiera revisar los aspectos más cuestionados por las bases gremiales. Esta iniciativa busca superar las complicaciones estructurales y financieras derivadas del régimen de patentes implementado por la Ley N°21.420 del año 2022, un cuerpo legal que había generado creciente preocupación en los territorios mineros del norte y centro de Chile debido al fuerte incremento en los costos operacionales para los pequeños operadores.
El alcance de la nueva normativa y las modificaciones tributarias
Desde el Ministerio de Economía y Minería defendieron firmemente el contenido de la reforma, destacando que cumple con un compromiso largamente esperado por el sector. Entre los cambios más relevantes destaca la eliminación definitiva del cobro progresivo de patentes —el cual podía alcanzar hasta 12 UTM por hectárea—, sustituyéndolo por una tasa general fija de 0,4 UTM por hectárea. Asimismo, el articulado amplía las causales para acceder a una patente rebajada de 0,1 UTM por hectárea, incorpora facilidades operativas para productores de menor escala y extiende beneficios específicos a arrendatarios y quienes exploten legítimamente una concesión.
Adicionalmente, el texto legal consagra un régimen especial diseñado para titulares que posean hasta 500 hectáreas, desarrollen labores mineras activas y estén debidamente empadronados en la Empresa Nacional de Minería (ENAMI) u otro poder de compra formal, otorgándoles la posibilidad de mantener una patente rebajada durante un periodo de cinco años. A esto se suma la postergación hasta el 28 de febrero de 2027 del pago de patentes correspondientes al ejercicio 2026, junto con la paralización temporal de los procesos de remate asociados una vez que la ley entre en vigencia.
Reacciones gremiales y proyecciones para el sector minero
El biministro de Economía y Minería valoró el amplio respaldo parlamentario obtenido, señalando que la medida refleja un diagnóstico compartido sobre la necesidad de contar con una pequeña y mediana minería vigorosa. Sostuvo que la normativa busca restablecer los incentivos adecuados para la exploración, la inversión y la producción, removiendo trabas burocráticas que afectaban la competitividad del sector tradicional chileno.
En la vereda opuesta, la evaluación de Agrumin fue diametralmente contraria. Su presidente, Patricio Gatica, manifestó su profunda decepción por el despacho del proyecto sin las indicaciones requeridas por el gremio, advirtiendo que las actuales disposiciones podrían comprometer seriamente la continuidad de los pequeños productores y la conservación a largo plazo de sus concesiones mineras, abriendo un flanco de debate que continuará marcando la agenda sectorial en los próximos meses.
