La crisis en el sistema educativo regional se intensifica con la denuncia de despidos docentes Copiapó en la escuela especial María Luz Lanza Pizarro, donde apoderados y profesores exigen que el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Atacama permita a una docente con 15 años de trayectoria finalizar el año escolar. La medida, ejecutada mediante correo electrónico el 21 de octubre, afecta a un establecimiento que atiende a aproximadamente 150 estudiantes con diversas discapacidades, generando una profunda preocupación por la continuidad pedagógica y el bienestar emocional de los niños y niñas.
Este conflicto no es aislado, sino que forma parte de un patrón de tensiones recurrentes entre el gremio docente y la administración local. Antecedentes previos, como la toma de oficinas del SLEP en enero de 2024 y las recientes protestas en la Escuela El Chañar, evidencian una crisis de confianza en la gestión de la carrera docente. La comunidad señala que la aplicación de la Ley 20.903 de Carrera Docente carece de la flexibilidad necesaria en etapas finales del año escolar, especialmente en contextos de educación diferencial donde la estabilidad del vínculo afectivo es un pilar fundamental del proceso de aprendizaje.
Denuncias por amedrentamiento y falta de acompañamiento en despidos docentes Copiapó
Representantes de los docentes, bajo reserva de identidad por razones de seguridad, explicaron que la desvinculación se realizó sin el debido proceso de acompañamiento que la normativa sugiere. Según la fuente, la docente recibió una notificación tardía y se le negó el apoyo específico para superar las evaluaciones, siendo tratada con los mismos criterios que los profesores generalistas. «El daño hoy día es a los estudiantes», afirmó la representante, destacando que el curso quedó cubierto únicamente por una asistente de educación, incapaz de reemplazar la especialización requerida por alumnos con ceguera, autismo y síndrome de Down.
Por su parte, Paola Barrera, representante de los apoderados, denunció un clima de amedrentamiento hacia los profesores que se han manifestado. Barrera detalló que el SLEP conocía los resultados de la evaluación desde noviembre del año pasado, pero no intervino con tutorías ni mejoras. «Los profesores están asustados, no quieren ir a marchar», confesó una docente, quien además señaló que se les ha pedido cubrir clases fuera de sus contratos. La apoderada enfatizó que la adaptación a un nuevo docente puede tardar entre uno y dos meses, un plazo que coincide con el cierre del año escolar, lo que hace inviable un cambio de última hora.
Impacto en la educación diferencial y proyecciones del conflicto en Atacama
La exigencia central de la comunidad es la restitución de la profesora hasta el fin del ciclo lectivo, argumentando que los procesos legales pueden seguir su curso posteriormente. Se contrapone esta postura con la rigidez administrativa del SLEP, que hasta el momento no ha emitido una versión pública en detalle sobre la gestión del caso. La delegada del Colegio de Profesores, Urbelinda Araya, aclaró que la crítica no es a la ley, sino a su aplicación tardía y descontextualizada, advirtiendo que hay otros establecimientos afectados en la región.
El impacto de esta situación trasciende lo laboral y afecta directamente la calidad de vida de los estudiantes con discapacidad, quienes dependen de rutinas y vínculos estables. La comunidad ha recomendado acudir a la Superintendencia de Educación y a la Seremi de Educación para presionar por una solución. Mientras tanto, se preparan nuevas movilizaciones en Tierra Amarilla, lo que indica que el conflicto por la gestión de la carrera docente en la Región de Atacama está lejos de resolverse y podría escalar en las próximas semanas.
