La denominada doctrina Rabat volvió al centro del debate público tras conocerse que tres ciudadanos venezolanos condenados por una banda de extorsionadores que operaba en La Serena obtuvieron reducciones de condena mediante decretos firmados por el ministro de Justicia, Fernando Rabat, y el subsecretario Luis Silva. Los beneficiarios fueron identificados como Franyorkin Aramburu Hernández, Winder Marott Morán y Jhonder Ollarves Berbesi, quienes en agosto de 2022 fueron sentenciados por el Tribunal Oral en lo Penal de La Serena a cinco años y un día de presidio por robo con intimidación y porte ilegal de armas prohibidas y municiones. Los hechos ocurrieron el 6 de diciembre de 2021, cuando junto a un cuarto implicado ingresaron a un inmueble en calle Cantournet, donde vivían siete mujeres venezolanas y una dominicana, a quienes intimidaron con dos pistolas —una de fogueo y otra modificada para disparar munición real— para exigirles el pago de una ‘renta’ de $100.000 semanales por mujer, presentándose como integrantes del Tren de Aragua.
La investigación de la Policía de Investigaciones (PDI) permitió detener a los cuatro implicados en el mismo domicilio, incautando $400.000 en el bolsillo trasero de Aramburu y $350.000 dentro de un cuaderno. Sin embargo, la Fiscalía no logró acreditar la pertenencia de la banda al Tren de Aragua ni imputó el delito de secuestro, pese a que las víctimas relataron que dos de ellas fueron subidas a la fuerza a un auto y trasladadas a un departamento, donde fueron amenazadas con un arma. Las mujeres, según consignó el fiscal, no continuaron con el proceso judicial por temor a represalias, lo que impidió profundizar en la asociación ilícita. La condena se limitó a los delitos de robo con intimidación y porte ilegal de armas, sin que ninguno fuera sentenciado por pertenecer a la organización criminal transnacional.
La doctrina Rabat y los decretos que adelantaron las salidas
Los tres decretos de reducción de condena se sustentan en la doctrina impulsada por el ministro Rabat, que sostiene que el Ministerio de Justicia no está habilitado para denegar la rebaja por la gravedad del delito ni por el bien jurídico protegido, citando un fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago y jurisprudencia de la Corte Suprema. Según los documentos, el primer decreto fue firmado el 6 de julio y otorgó una reducción de nueve meses a Aramburu Hernández; el segundo, el 4 de septiembre, rebajó tres meses a Marott Morán; y el tercero, el 7 de septiembre, firmado por el subsecretario Luis Silva en calidad de ministro subrogante, concedió tres meses a Ollarves Berbesi. Con estas rebajas, Marott y Ollarves adelantaron su salida de prisión a septiembre de 2026, abandonando la cárcel los días 9 y 10 de ese mes, respectivamente, mientras que Aramburu tiene fijada su salida para el 8 de marzo de 2027.
El caso adquiere especial gravedad porque, de acuerdo con la información recabada, Aramburu obtuvo la rebaja a pesar de que en octubre de 2025 la Comisión de Libertad Condicional le había negado la salida anticipada. Además, los tres condenados acumularon causas por faltas al régimen penitenciario en el Juzgado de Garantía de La Serena, lo que contradice el requisito de buen comportamiento exigido para acceder a este tipo de beneficios. La defensa del Ministerio de Justicia se ha centrado en que la ley y los tribunales no le dejan margen para negar las rebajas cuando se cumplen los requisitos formales, argumento que ha sido cuestionado por diversos sectores políticos y sociales.
Impacto en la comunidad y cuestionamientos a la política penitenciaria
El caso ha generado inquietud en la Región de Coquimbo, particularmente en La Serena, donde ocurrieron los hechos, y ha reavivado el debate sobre la eficacia de la doctrina Rabat para impedir que condenados por delitos violentos accedan a beneficios carcelarios. Organizaciones de víctimas y especialistas en seguridad han advertido que este tipo de decisiones podría enviar una señal de impunidad frente a bandas que, aunque no hayan sido formalmente vinculadas al Tren de Aragua, utilizan su nombre para intimidar a la población migrante. Asimismo, el hecho de que los decretos hayan sido firmados cuando ya se habían restablecido las relaciones diplomáticas con Venezuela —lo que en teoría facilitaría gestiones de expulsión— ha sido destacado como una contradicción por parte del Gobierno del presidente José Antonio Kast, que ha prometido mano dura contra el crimen organizado.
El Ministerio de Justicia no ha emitido declaraciones adicionales sobre este caso específico, pero ha defendido de manera general la aplicación de la doctrina Rabat como una obligación legal. Mientras tanto, el debate público continúa y se espera que el Congreso retome la discusión sobre los beneficios carcelarios y la necesidad de modificar la normativa para evitar que condenados por delitos graves accedan a reducciones de condena sin cumplir todos los requisitos. La comunidad de La Serena, en tanto, permanece atenta a las próximas decisiones judiciales y administrativas que podrían afectar la permanencia en prisión de los condenados, en un contexto de creciente preocupación por la seguridad y la migración irregular en la zona.
