Una nueva controversia política sacude a la institucionalidad regional luego de que la secretaria regional ministerial de Economía, Fomento y Turismo, Romina Cifuentes González, difundiera a través de sus redes sociales una serie de registros que cuestionaban la reelección del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Los hechos, que rápidamente escalaron a nivel político nacional, motivaron duras críticas desde el Congreso, donde diversos parlamentarios acusaron una flagrante falta de prescindencia política e institucional, exigiendo su salida inmediata del cargo de exclusiva confianza gubernamental.
El episodio se originó cuando la autoridad regional, quien además ejerce como vicepresidenta del Partido Republicano, compartió en su cuenta personal de Instagram contenidos que ponían en duda la transparencia del proceso electoral brasileño. Entre las publicaciones eliminadas horas más tarde figuraban videos que aludían a presuntas irregularidades en los horarios de votación y fallas técnicas en las botoneras electrónicas, alineándose con posturas difundidas por otros militantes de su colectividad y desmarcándose abiertamente de la línea oficial y fraterna adoptada por el Ejecutivo chileno respecto al triunfo del mandatario sudamericano.
Cuestionamientos a la prescindencia política y uso de vitrina pública
La actuación de la seremi desató inmediatas reacciones en el mundo legislativo. El diputado DC, Jorge Díaz, manifestó con dureza que la autoridad no puede utilizar canales donde exhibe su gestión oficial para realizar proselitismo político o emitir juicios sobre política exterior, atribución exclusiva de la Cancillería. El parlamentario recordó además antecedentes previos vinculados a la administración de cupos laborales en la cartera ministerial, enfatizando que la región requiere pleno enfoque en el desarrollo económico, el empleo y el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas por sobre disputas ideológicas partidarias.
Por su parte, el diputado liberal Luis Malla Valenzuela también cuestionó el actuar de la secretaria regional, señalando la necesidad de que los órganos fiscalizadores determinen si estas expresiones vulneran los deberes de probidad y prescindencia consagrados en la ley orgánica de bases generales de la administración del Estado. Desde el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, en tanto, evitaron emitir respuestas formales ante las consultas de la prensa respecto a la utilización de horario laboral y soportes digitales institucionales para la difusión de dichos contenidos.
Proyecciones y exigencias de responsabilidades administrativas
Las presiones políticas sobre la permanencia de la autoridad en el gabinete regional continúan en aumento, mientras la oposición evalúa oficiliar los antecedentes ante la Contraloría General de la República para que se investigue una eventual infracción a la probidad administrativa. Los legisladores recalcaron que la normativa vigente prohíbe de manera estricta el activismo político de funcionarios públicos en ejercicio, especialmente en plataformas digitales que sirven de vínculo directo con la comunidad y el sector productivo local.
De este modo, el futuro político de la seremi de Economía en la Región de Arica y Parinacota se mantiene en entredicho, a la espera de posibles definiciones por parte del Gobierno central respecto a las responsabilidades administrativas que impone el estricto cumplimiento de la prescindencia política para autoridades de exclusiva confianza en el país.
