El Gobierno de Chile, a través de los ministerios de Hacienda y Energía, exigió a la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) que colabore «de forma activa» con la investigación que lleva adelante la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) por irregularidades en los reportes de emisiones de azufre de la Refinería Aconcagua. La situación quedó al descubierto luego de que la SMA formulara cuatro cargos contra la estatal, dos de ellos preliminarmente clasificados como gravísimos, por la «ocultación, alteración e imprecisión deliberada de antecedentes técnicos» relacionados con la recuperación de azufre en la planta ubicada en la Región de Valparaíso. El caso ha escalado rápidamente y pone bajo escrutinio la gestión ambiental de una de las empresas públicas más importantes del país.
Los hechos se remontan al 29 de abril, cuando ambas carteras tomaron conocimiento de los antecedentes. Desde esa fecha, la ministra de Energía, Ximena Rincón, y el titular de Hacienda, Jorge Quiroz, instruyeron al directorio de Enap para que remitiera los antecedentes al Ministerio Público y a la SMA. En un comunicado conjunto, ambos ministerios fueron categóricos: «Consideramos inaceptables los hechos detectados y reconocidos por la empresa en los reportes de emisiones de azufre». Además, remarcaron que «como toda empresa sujeta a la regulación chilena, ENAP tiene el deber de cumplir estrictamente la normativa ambiental, entregar información veraz y actuar con transparencia ante las autoridades y la ciudadanía».
Los cargos gravísimos y las cifras que complican a Enap
La SMA formuló cuatro cargos ambientales contra la empresa. El primero de ellos apunta a «no cumplir con la eficiencia mínima anual del 98% en el Sistema de Recuperación de Azufre (SRA) entre los años 2023 y 2025». El segundo, también calificado como gravísimo, dice relación con la superación de los límites máximos de emisión de dióxido de azufre (SO₂), fijados en 1.145 toneladas por año. Según la Superintendencia, «la compañía omitió históricamente en sus reportes oficiales la corriente de flaring (quemado de gases en antorchas), la cual constituye la segunda fuente de emisiones más relevante de la refinería». La reestimación del organismo reveló 1.277 toneladas emitidas en 2023 y 1.168 toneladas en 2024, cifras que superan el límite permitido.
Los otros dos cargos, clasificados como leves, apuntan a «no haber validado el sistema de monitoreo continuo de emisiones (CEMS) para los parámetros de Material Particulado (MP), Dióxido de Azufre (SO₂), Óxidos de Nitrógeno (NOx) y flujo de gases en la unidad de Cracking Catalítico tras tres años del reinicio de sus operaciones con el sistema Wet Gas Scrubber». El cuarto cargo se refiere a que Enap excedió los límites de presión sonora nocturna durante noviembre y diciembre de 2025, registrando niveles de hasta 57 decibeles, cuando el límite permitido era de 45. De confirmarse las responsabilidades, la empresa arriesga una multa acumulada de hasta 22 mil UTA, equivalentes a unos US$19 millones.
Proyecciones del caso y el impacto en la comunidad
En su comunicado, los ministerios de Hacienda y Energía fueron enfáticos en señalar que «le corresponde al directorio y la administración de la empresa asegurar las medidas correctivas y fortalecer controles sobre la medición y reporte de emisiones». Asimismo, exigieron a Enap «continuar colaborando activamente con la investigación de la Superintendencia del Medio Ambiente y del Ministerio Público, para esclarecer los hechos y establecer las responsabilidades que correspondan». Por su parte, la empresa estatal afirmó que se encuentra analizando los cargos y los antecedentes, y que definirá su curso de acción en los plazos establecidos. No obstante, aseguraron que «no existe antecedente alguno que vincule los hechos denunciados por la empresa con algún impacto en la población».
El caso ha generado preocupación en la comunidad de la Región de Valparaíso, donde se emplaza la Refinería Aconcagua, y ha puesto el foco sobre los mecanismos de fiscalización ambiental de las empresas públicas. La ciudadanía y las organizaciones ambientales han manifestado su inquietud por la transparencia en la entrega de información sobre emisiones contaminantes. Mientras la SMA y el Ministerio Público avanzan en la investigación, el Gobierno ha dejado claro que no tolerará prácticas que atenten contra la normativa ambiental y la fe pública. Se espera que en los próximos meses se conozcan los resultados de las pesquisas y las eventuales sanciones que podrían superar los US$19 millones, marcando un precedente para la industria y para la gestión de las empresas del Estado.
