El presidente de la República, José Antonio Kast, calificó este lunes como un «error» la firma de los decretos que rebajaron las condenas de 56 sentenciados por delitos sexuales contra menores, quienes en su mayoría quedaron en libertad. La declaración la entregó en el Palacio de La Moneda, donde asumió la responsabilidad política del caso, pero defendió la continuidad del ministro de Justicia, Fernando Rabat, pese a las crecientes demandas de la oposición por una acusación constitucional.
La controversia estalló luego de que se conociera que los decretos presidenciales, firmados en el marco de un proceso de revisión de condenas, beneficiaron a decenas de personas condenadas por delitos sexuales contra menores de edad. La mayoría de los implicados recuperó su libertad, lo que generó un fuerte cuestionamiento transversal sobre los mecanismos de control y revisión de este tipo de resoluciones. El caso ha puesto en entredicho la gestión del Ministerio de Justicia y ha reabierto el debate sobre la protección de la infancia y la severidad de las penas en Chile.
Kast reconoce el «error» en la rebaja de penas a pederastas
En su intervención, el mandatario fue enfático en reconocer la falta: «Frente a los hechos de esta gravedad, las responsabilidades deben asumirse, los errores deben corregirse y las soluciones deben implementarse», sostuvo Kast. En esa línea, respaldó al ministro Rabat al señalar que «ha reconocido la gravedad de lo ocurrido y está trabajando para corregirlo». Sin embargo, el respaldo presidencial no ha logrado contener las críticas desde la oposición, donde parlamentarios de diversos sectores han anunciado que evalúan presentar una acusación constitucional contra el secretario de Estado por su responsabilidad en la tramitación de los decretos.
El caso ha generado un intenso debate público sobre los protocolos internos del Ministerio de Justicia y la necesidad de revisar los criterios con los que se otorgan beneficios penitenciarios. Expertos en derecho penal han advertido que la situación podría derivar en una crisis institucional si no se esclarecen las responsabilidades administrativas y se garantiza que hechos similares no vuelvan a ocurrir. La presión política se ha concentrado en el Congreso, donde la oposición busca reunir los votos necesarios para prosperar con la acusación constitucional.
Impacto en la comunidad y proyecciones del caso
El impacto de esta controversia trasciende el ámbito político y ha calado hondo en la ciudadanía, especialmente entre organizaciones de defensa de la infancia que han exigido explicaciones claras y sanciones ejemplares. La sensación de impunidad que ha generado la liberación de los condenados ha provocado indignación en diversos sectores, y se espera que el Ministerio de Justicia entregue en los próximos días un informe detallado sobre los criterios utilizados y las medidas correctivas que se implementarán.
Mientras el gobierno intenta contener el daño político, el futuro del ministro Rabat pende de un hilo. La oposición ha anunciado que en las próximas semanas presentará formalmente la acusación constitucional, lo que obligará al Congreso a pronunciarse sobre su permanencia en el cargo. En tanto, el Presidente Kast ha insistido en que su gobierno corregirá el rumbo y que las responsabilidades se asumirán hasta las últimas consecuencias, aunque por ahora la única señal concreta es la continuidad del ministro cuestionado.
