La tensión oficialista escaló de manera significativa este fin de semana en el escenario político nacional, luego de que el diputado y presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Guillermo Ramírez, saliera al paso para emplazar con dureza al líder del Partido Republicano, senador Arturo Squella. El cruce de declaraciones, que refleja profundas diferencias en la derecha chilena, se desencadenó a raíz de la crisis desatada por la aplicación de criterios en el Ministerio de Justicia respecto a la rebaja de condenas para personas sentenciadas por delitos sexuales, generando un intenso debate sobre las responsabilidades institucionales y la unidad del sector de cara a los próximos desafíos legislativos y gubernamentales.
Los roces políticos comenzaron cuando el exministro de Justicia del gobierno del expresidente Sebastián Piñera, Hernán Larraín (UDI), emitió un comunicado aclarando los alcances de la ley aprobada en 2022. En dicho texto, Larraín detalló que la normativa excluye expresamente a los condenados por violación o abusos sexuales a menores de edad, contradiciendo los cuestionamientos surgidos en el debate público actual y defendiendo la labor legislativa realizada en su administración para resguardar la indemnidad de la niñez. Sin embargo, la respuesta del líder republicano Arturo Squella no tardó en llegar a través de redes sociales, donde ironizó fuertemente sobre el rol del exsecretario de Estado, provocando la inmediata reacción de los dirigentes de Chile Vamos.
Rechazo gremialista y llamado a la responsabilidad política
En un punto de prensa realizado este sábado, el timonel gremialista Guillermo Ramírez calificó las expresiones de Squella como «injuriosas» e «inaceptables», defendiendo la trayectoria y el compromiso del exministro Larraín con la infancia. «Hernán Larraín lo que hizo en esa columna fue dar cuenta de lo que se hizo durante el gobierno del presidente Piñera, que fue el gobierno que legisló justamente para quitarle estos beneficios a las personas que han cometido delitos contra niños», enfatizó el parlamentario, exigiendo un estándar superior de mesura y prudencia en el debate público entre fuerzas aliadas.
Asimismo, Ramírez advirtió sobre las graves consecuencias que este tipo de disputas públicas genera al interior del conglomerado. «Quiero hacer un llamado a la responsabilidad. Tenemos muchos desafíos por delante y nosotros tenemos que cuidar las formas entre nosotros, porque de otra manera debilitamos al gobierno, debilitamos nuestra posición en el Congreso, le damos afrecho a la izquierda y finalmente pierde el país», sostuvo el diputado UDI, sumándose a las críticas formuladas previamente por el senador y timonel de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, quien también cuestionó la prudencia del líder republicano tras ventilar diferencias a través de plataformas digitales.
Proyecciones institucionales y salida legislativa a la crisis
En medio de esta nueva disputa que fractura los ánimos entre Chile Vamos y el Partido Republicano, el Ejecutivo ha intentado contener la crisis. El Presidente José Antonio Kast determinó blindar al actual ministro de Justicia, Fernando Rabat, principal blanco de las críticas por la firma de los decretos que beneficiaron a 56 condenados durante los primeros siete meses de gestión, descartando cualquier intención de remoción en el gabinete ministerial.
Como parte de las medidas para aplacar el descontento transversal, el Gobierno comprometió una salida de carácter legislativo y garantizó que no se cursarán nuevos decretos de rebaja de condenas. No obstante, desde La Moneda sinceraron la complejidad jurídica existente para retrotraer los 56 beneficios que ya se encuentran ejecutados, manteniendo abierta la discusión en el Congreso Nacional y obligando a las distintas fuerzas políticas a recalibrar sus estrategias en medio de un clima de alta susceptibilidad institucional.
